El Senado define el Presupuesto 2026 en una sesión clave para el Gobierno
El Gobierno nacional enfrenta este viernes una parada decisiva en el Senado, donde se debatirá el futuro del Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal. La sesión está convocada para las 12 y será determinante para la proyección política y económica de la administración libertaria, que intenta cerrar el año con una ley clave aprobada.
Tras más de un mes de negociaciones con gobernadores y bloques provinciales, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sancionar el Presupuesto y cortar con dos años consecutivos sin ley presupuestaria. Sin embargo, persisten dudas sobre artículos sensibles que podrían modificar el texto y obligar a que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados.
La principal fuente de conflicto es el artículo 30, que propone derogar los pisos mínimos de financiamiento establecidos por distintas leyes para áreas estratégicas. De aprobarse, dejarían de ser obligatorios porcentajes históricos destinados a educación, ciencia, tecnología, educación técnica y defensa.
El texto elimina el artículo de la Ley de Educación Nacional que fija un 6% como piso de inversión educativa y suprime el criterio de progresividad de la ley de financiamiento científico, que establecía llegar al 1% del PBI en 2032. También pone fin al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes, y al Fondo Nacional de Defensa, que representa el 0,8%.
Este punto concentra la mayor resistencia de sectores del peronismo, la UCR y bloques provinciales. En el oficialismo admiten que una derrota en ese artículo podría poner en riesgo la sanción completa del Presupuesto.
El riesgo de volver a Diputados
El temor del Gobierno no se limita al contenido del artículo 30. Cualquier modificación al texto obligaría a que el proyecto regrese a Diputados para una segunda revisión, con un margen mínimo de tiempo antes del cierre de las sesiones extraordinarias, previsto para la medianoche del 30 de diciembre.
Desde el oficialismo aseguran que ya se tomaron recaudos logísticos ante ese escenario. Incluso se prevé la posibilidad de convocar de urgencia a legisladores provinciales a la Ciudad de Buenos Aires si el proyecto vuelve a la Cámara baja.
Universidades y control del gasto
Otro punto que genera inquietud es el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante el Ministerio de Capital Humano. El texto habilita a interrumpir transferencias si no se remite la información solicitada en tiempo y forma.
Desde bloques opositores advierten que esta disposición afecta la autonomía universitaria, al dejar el flujo de fondos sujeto a la evaluación del Poder Ejecutivo. Aunque el oficialismo considera que se trata de un mecanismo de control del gasto, el artículo podría ser objeto de negociaciones de último momento.
Las metas económicas del Presupuesto
El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial de $1.423 hacia diciembre del próximo año. También fija como objetivo un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la recaudación crecería un 0,47% del PBI, con mayor peso del Impuesto a las Ganancias y los combustibles, y una baja en Bienes Personales. Las transferencias a provincias aumentarían un 31,1%, mientras que las empresas públicas recibirían $4,4 billones.
Inocencia Fiscal y cambios tributarios
En paralelo, el Senado tratará la Ley de Inocencia Fiscal, que propone una reforma del Régimen Penal Tributario. Entre los cambios centrales figura la actualización de los montos que determinan cuándo una infracción pasa de ser administrativa a penal.
El proyecto eleva los pisos para considerar evasión simple y calificada, actualiza multas y crea un régimen voluntario de declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con ingresos y patrimonio acotados. Según el Gobierno, la iniciativa busca mayor previsibilidad y reducir la litigiosidad.
