Milei busca reformar la Ley de Glaciares y potenciar la minería
El presidente Javier Milei anticipó este jueves que enviará un proyecto de ley al Congreso para modificar la Ley de Glaciares y que cada provincia sea la encargada de determinar la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. La propuesta oficial busca destrabar una serie de inversiones, principalmente en grandes proyectos de cobre, reabriendo el debate sobre el centralismo o federalismo ambiental.
El anuncio fue realizado por el mandatario en el Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad en Corrientes. Allí, Milei detalló que el proyecto de ley permitirá que “cada provincia determine cuál es la zona periglacial”, lo que tendrá como contrapartida “una gran inversión en minería”. Esta iniciativa se presenta luego de que el gobierno evaluara distintas opciones para modificar la Ley de Glaciares, descartando previamente los cambios por decreto ante el riesgo de bloqueos judiciales.
Propuesta para destrabar inversiones mineras
La decisión de impulsar la modificación por vía legislativa, a través de sesiones extraordinarias, se consolida tras el triunfo electoral de octubre, con la expectativa de contar con mayor apoyo parlamentario y de las jurisdicciones mineras. Estas últimas han sido las principales impulsoras de la reforma.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ya se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, señalando que la legislación actual “constituye un freno” para proyectos mineros como El Pachón y Vicuña. En la misma línea, el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, había advertido que “si eso no se modifica, lo que va a pasar es que nadie va a poner la plata en Argentina”. Milei reveló que la idea de delegar la definición a las provincias fue acercada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
La Ley 26639, sancionada en 2010, prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en zonas glaciares y periglaciares. Sin embargo, su artículo 2, que define el “ambiente periglacial”, carece de detalles sobre los criterios científicos para identificar estos suelos. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha sido el organismo encargado de aplicar criterios científicos y elaborar el Inventario Nacional de Glaciares, el cual ha recibido objeciones de organizaciones ambientalistas por no incluir glaciares pequeños y de empresas mineras por obstaculizar proyectos.
El resurgimiento del debate federalismo ambiental
Desde su origen, la Ley de Glaciares ha estado marcada por la dicotomía entre federalización y centralización. Organizaciones ambientalistas defendieron la uniformidad del inventario a cargo del IANIGLA, argumentando que las áreas glaciares y periglaciares trascienden los límites político-administrativos. Además, cuestionaban que las auditorías ambientales fueran realizadas por autoridades provinciales, temiendo demoras en la aplicación de la ley, similar a lo ocurrido con la Ley de Bosques Nativos.
Por otro lado, los gobernadores de provincias mineras defendieron la participación de las instituciones provinciales en la elaboración del inventario y las auditorías, basándose en que los recursos naturales son de dominio provincial. Esta postura llevó a que Jujuy, San Juan, La Rioja, Salta y Santa Cruz sancionaran leyes provinciales de protección de glaciares, con el objetivo de reforzar su autonomía.
La disputa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en junio de 2019 confirmó la validez jurídica de la norma, instando a las autoridades nacionales y provinciales a garantizar su cumplimiento. Sin embargo, la cuestión nunca fue resuelta de manera definitiva, y el anuncio del presidente Milei reabre este debate en el ámbito legislativo.
