La Vecinal de Laprida cuestionó el accionar de la IGJ: mostró los libros ante Crónica

El presidente de la Asociación Vecinal de Laprida, Roberto Romero, se presentó junto a la secretaria Lucía Días. La directora del Registro Público e Inspección General de Justicia (IGJ), Clarisa Vázquez, había señalado que Romero se negó a entregar la llave para abrir la sede vecinal. Según Vázquez, debió realizar el empadronamiento de vecinos en la vereda ante la falta de acceso al edificio.

Desde la Vecinal explicaron que, además de entregar el padrón a la comisión actual, los vecinos deben abonar la cuota social, tal como lo establece el estatuto. “Esa no es la manera de asociarse, de vincularse a la Asociación Vecinal del barrio Laprida”, aclaró Romero. “Pero bueno, esa es la forma que ellos han determinado, a pesar de nuestras solicitudes, de todos los actos administrativos que hicimos para impedir este atropello. Un desconocimiento total a la autoridad de la vecinal, con falsedades y falacias”, remarcó en Crónica.

“Los libros existen y están en regla”

Romero llegó al diario Crónica con los libros de actas, asambleas y socios en su poder, los cuales, aseguró, estaban bajo custodia de Lucía Días. “Ellos decían que los libros no existen, pero acá estamos demostrando que sí existen”, expresó el vecinalista, mostrando la documentación.

Según explicó, el estatuto de la entidad, en su título tercero, artículo 9, establece que para ser admitido socio “debe tener mayoría de edad y acreditar residencia permanente en el barrio”. “Ellos se agarran de ahí, pero no dice que todos los vecinos del barrio son socios de la vecinal. Son socios quienes se asocian. Si no, el Club Laprida o el Centro de Jubilados serían de todos los vecinos, y no es así: son de los socios”, subrayó.

Romero detalló que para asociarse es necesario presentar una solicitud ante la comisión, firmada por el peticionante, consignando datos personales y certificando domicilio en el barrio Laprida. “El procedimiento es claro y lo marca el estatuto”, insistió.

Además, afirmó que la comisión no está acéfala, ya que todavía cuenta con el número necesario de integrantes activos. “No es cierto que no están los libros; lo único cierto es que tenemos el mandato vencido. Pero convocamos a asamblea, y está registrada en el libro de socios, acta 29. Justamente, la IGJ tomó la misma fecha que nosotros habíamos fijado”, relató.

“El procedimiento del IGJ es totalmente ilegítimo”

El presidente vecinal relató que el 7 de octubre notificaron formalmente a la IGJ, con certificación de escribano, sobre la convocatoria a elecciones. “Esto es legal, no irregular como el procedimiento que está haciendo la IGJ. Violan el estatuto, que es la primera norma que deben cumplir”, indicó Romero, recordando que el propio organismo había dictaminado en 2022 la obligatoriedad de respetarlo.

“Ellos no pueden convocar asamblea ni elecciones, eso lo tiene que hacer la comisión directiva”, remarcó. Según Romero, la comisión esperó a los representantes de la IGJ los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10, pero “nunca aparecieron”. “Acá están las actas firmadas por los integrantes de la comisión directiva, los esperamos y no asistieron”, sostuvo.

También denunció que, al intentar acceder al expediente del caso, “no nos quisieron dar copia, no estaba el expediente, estaba desaparecido”. Cuestionó que el organismo exigiera que los libros estén en la sede de la vecinal: “El estatuto no dice eso. La custodia de los libros corresponde a la secretaria, como parte de sus funciones”.

“Vamos a apelar a la Justicia”

Romero adelantó que, ante las irregularidades detectadas, recurrirán a la vía judicial. “Vamos a apelar a la Justicia si la IGJ no revierte esta situación. En la última nota los llamamos al raciocinio, pedimos que nos acompañen a renovar las autoridades, ya que la convocatoria legítimamente está hecha por la comisión directiva”, manifestó.

Incluso, aseguró que varios socios están dispuestos a iniciar una demanda contra la IGJ por considerar que su intervención vulnera la autonomía de la institución.

“No queremos que la vecinal sea un trofeo político”

Consultado sobre una posible reelección, Romero reconoció que lo está evaluando: “Estoy pensando, porque una de las razones por las que nos atrasamos fueron cuestiones personales de público conocimiento”.

Sin embargo, destacó que la vecinal “no dejó de gestionar ni un solo día”. Enumeró algunas obras y gestiones realizadas: “Se hicieron cloacas para más de 70 familias, se asfaltó Costa Rica y Bogotá con cordón cuneta, se está instalando un mamógrafo en el mini hospital del barrio y ya se llamó a licitación para llevar gas a otras 75 familias”.

Además, mencionó que trabajan junto a instituciones locales como el Grupo Social Mi Ángel y los egresados de la Escuela N.º 732, con gestiones de terrenos para lotes con servicios para familias jóvenes.

“Hay intereses políticos detrás de todo esto. Les pedimos a los vecinos que no dejen que la vecinal sea un trofeo político para nadie. Nosotros nunca usamos la institución con fines partidarios ni personales, y mucho menos para hacer negocios”, afirmó.

Romero también recordó que durante su gestión organizaron el Festival en Damasco, al que asistieron más de 35 mil personas, y aclaró que “a nadie se le pidió dinero, solo se cobraron los stands para cubrir algunos gastos”.

“La vecinal no es política ni el negocio de nadie. No recibimos sueldo y trabajamos por el barrio. Seguiremos gestionando como siempre”, cerró Romero.