El Gobierno busca frenar los aumentos de la medicina prepaga tras subas por encima de la inflación
El año pasado, las prepagas ajustaron sus tarifas un 124%, apenas por debajo de la inflación anual del 127,8%. Sin embargo, en enero de 2024, pese a la desaceleración de la inflación al 2,2%, las empresas del sector aplicaron aumentos de entre 3% y 3,9%, casi el doble del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.
De la desregulación al control de precios
Paradójicamente, fue el propio Gobierno de Javier Milei el que, poco después de asumir, liberó los precios de la medicina prepaga, permitiendo incrementos sin restricciones. Ahora, la administración libertaria busca establecer límites para evitar nuevas subas desmedidas.
Según trascendió, se analiza un decreto que regulará los futuros aumentos. Entre las medidas en estudio, se plantea que los ajustes ya no sean generalizados para todos los afiliados de una misma empresa, sino diferenciados según los planes. Además, en el caso de los adultos mayores, las cuotas no podrán superar el triple del valor que se cobra a los afiliados más jóvenes.
Investigación por presunta cartelización
En medio de este escenario, el Gobierno imputó en diciembre a varias empresas de medicina prepaga por presunta cartelización. Entre las firmas investigadas se encuentran Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, además de la Unión Argentina de Salud (UAS) y su presidente, Claudio Belocopitt.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijó un plazo de hasta 90 días hábiles para reunir pruebas, con posibilidad de prórroga por un período igual. Luego, las empresas imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio explicaron que, según la Ley de Cartelización, los "cárteles de núcleo duro" son considerados prácticas absolutamente restrictivas de la competencia. Estas incluyen acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones.
El Gobierno presentó una demanda judicial por esta presunta cartelización, argumentando que las empresas aplicaron aumentos coordinados en las cuotas mes tras mes, luego de que la gestión de Milei decidiera no intervenir en los precios.
Con información de NA
