Comienza la investigación sobre el fraude en viviendas del IPV: se estima que son más de 600 estafados en Comodoro
La investigación en Comodoro Rivadavia por estafas relacionadas con viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) avanza, y este miércoles 5 de febrero se realizará la audiencia de apertura de investigación.
Se estima que más de 600 personas fueron estafadas, entregando dinero con la falsa promesa de acceder a viviendas.
Hoy se abrirá formalmente la investigación contra un grupo de cinco mujeres acusadas por el delito de estafa, con un monto que supera los 59 millones de pesos. El caso se originó en febrero de 2024, cuando comenzaron a recibir denuncias de personas que habían sido víctimas de un fraude.
La estafa consistía en que una persona, encargada de gestionar las cuentas a las que se realizaban transferencias de 100.000 pesos por cada familia, les hizo creer que, a través de este pago, podrían acceder a un plan de viviendas que se construirían bajo el IPV.
La investigación, a cargo del fiscal Martín Cárcamo, ha recolectado una gran cantidad de pruebas que vinculan a las acusadas con la estafa. El modus operandi de la estafa incluía contactos por WhatsApp, en los que se solicitaba el pago de 100.000 pesos para obtener una vivienda del IPV.
Se identificaron diversas cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas en el fraude, además de varios grupos de WhatsApp creados para mantener a las víctimas engañadas con información falsa sobre el proceso.
Amelia Ferioli, una de las damnificadas, relató su experiencia en diálogo con Crónica y señaló que participó activamente en la investigación y recopilación de datos. "El Dr. Martín Cárcamo nos dijo que los imputados serían cinco mujeres (Fita, Miranda, Mansilla, Curán y Paez), y que había dos o tres personas más que ingresarían al caso. La semana pasada nos enteramos de que esas dos personas serían Leo Yanigce Durán y Ana Catalina Gómez García", comentó.
Sobre su experiencia personal, Ferioli explicó que fue contactada por Curán, quien le dijo que Vanesa Fita, junto con una persona del IPV, podía ayudarla a mover su expediente para acceder a una vivienda. "Había que abonar 80.000 pesos y 20.000 pesos para la conexión de luz y gas, que ya estaba en la vivienda", relató. Cuando Ferioli hizo la transferencia, descubrió que la cuenta estaba a nombre de Vanessa Fita, “y resultó ser una billetera virtual de Camila Páez, quien es la hija de su actual pareja”, dijo.
“Eso me enteré cuando empecé a hacer averiguaciones sobre de quién era esa cuenta. Durante más de un mes estuvieron ingresando personas al grupo. Todo el tiempo le decía a Curán que me parecía raro que hubiera tantas casas; una cosa es que haya 14, 15 o 20 casas en una ciudad tan grande y otra que haya 240", explicó.
Cuando se realizó el allanamiento en febrero en las casas de Mansilla y Miranda, Ferioli comentó que se puso en contacto con personas en el valle y les pasaron los contactos del fiscal y del jefe de la brigada. "´Tenés un montón de información, pásalas a ellos porque estas casas no son como dicen en la nota del allanamiento, me dijeron´". Fue entonces que comenzaron a recabar información, junto con otra persona, Karen, creando un grupo paralelo en WhatsApp para alertar a más víctimas.
Ferioli continuó su relato sobre cómo contactó al jefe de la brigada y al fiscal, quienes le pidieron que asistiera al Concejo Deliberante el martes siguiente, donde se iba a recopilar más información. "También me puse en contacto con el concejal Lattanzio y le mandé toda la información", agregó.
Según Ferioli, el fiscal le solicitó que se acercara urgentemente a la brigada para hacer una descarga de datos. "Me acerqué a la brigada y estuve durante 6 horas descargando datos desde mi teléfono con todas las charlas, todos los WhatsApp. Informando cómo fue la reunión, donde Vanessa Fita dice que las casas están, pero que hay una causa en su contra, lo que iba a demorar la entrega de las viviendas", relató.
En ese momento, Ferioli y su equipo se enteraron de que había más de 650 damnificados, organizados en ocho grupos de WhatsApp diferentes. "En ese momento comenzamos nuestro camino con Karen, para que la gente haga la denuncia y ayudemos a la brigada organizando las agendas", señaló.
Desde la Fiscalía, se indicaron en su momento, dos hipótesis que estaban siendo investigadas. La primera, relacionada con una posible estafa piramidal, y la segunda, con la posible implicación de actores políticos. Respecto a la primera hipótesis, Ferioli explicó: "Con los grupos de WhatsApp de 120 personas que eran damnificadas, pasaron a 650. Ella te decía: 'Se me cayó una casa, necesito cubrirla rápido. Busquen algún conocido que necesite una casa porque si no salen todas, no sale ninguna', es decir, te llevaba a buscar a algún conocido para que accediera", detalló.
“Fue un camino muy duro durante 3 meses, tratando de responder a las personas que estaban desahuciadas y que habían sido estafadas, incentivándolas a que fueran a hacer la denuncia”.
Según Ferioli, hay aproximadamente 300 denuncias realizadas, “nos vamos a enterar bien mañana en la audiencia” dijo y agregó: “pero la cantidad de damnificados que ingresaron en el primer momento eran 650. Lo que pasa es que el procedimiento de las descargas de pruebas, llevaban más de 2 horas y hay mucha gente que decidió no avanzar, mientras que otras fueron amenazadas, entonces tampoco quisieron proceder en la denuncia”, culminó.