Implementan desde el lunes un nuevo registro para el pago directo de aportes a las prepagas
Con esta iniciativa, el Gobierno busca eliminar los contratos de triangulación, un mecanismo que ha existido durante décadas entre las empresas de medicina privada y las obras sociales. Sin embargo, la decisión ha generado descontento entre los sindicatos, lo que podría aumentar la tensión entre el Ejecutivo y la CGT.
El nuevo régimen fue establecido mediante la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada a principios de octubre, y que tiene como fecha de implementación el 1° de diciembre. Con esta medida, los afiliados podrán solicitar que sus aportes sean dirigidos directamente a las arcas de la empresa de medicina privada.
Se estima que alrededor de 4,3 millones de trabajadores en relación de dependencia podrán optar por eliminar la intermediación, utilizando un sitio web habilitado por el Ministerio de Salud. De acuerdo con los detalles proporcionados, la comisión cobrada por la intermediación (el "peaje") oscila entre el 3% y el 7% del valor del servicio, dependiendo de cada caso.
Eliminar este costo podría resultar en cuotas más bajas o en aumentos más moderados, aunque eso dependerá de las decisiones de las prepagas.
Además, la Superintendencia de Servicios de Salud está trabajando en una adaptación de la app Mi Argentina para permitir a los usuarios visualizar cómo se distribuyen sus aportes, especificando cuánto va destinado a las prepagas y cuánto a las obras sociales.
Solo en el mes de noviembre, la triangulación absorbió $41.158 millones. Estos fondos representaron poco más de un tercio del monto que se destina al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que recibe el 15% de los aportes y se utiliza para financiar la atención médica de personas con discapacidad.
En este contexto, el Gobierno planea abrir un debate que podría tener repercusiones en las finanzas de los gobernadores. La Superintendencia de Servicios de Salud, por su parte, ha comenzado a responder a las críticas sobre la reducción de servicios y coberturas para personas con discapacidad, a raíz de la conocida “motosierra”.
Según los informes oficiales, la cantidad de afiliados con discapacidad que recibieron asistencia del FSR aumentó un 13,5% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2024. Además, el subsidio per cápita creció un 150,7% en ese período, aunque sigue por debajo de la inflación acumulada hasta octubre, que alcanzó el 193%. Si se analiza solo el incremento de este año, el subsidio per cápita aumentó un 132,5%, superando el aumento del 108,4% registrado en el sector Salud dentro del índice de precios del Indec.
Sin embargo, el principal punto de debate planteado por el Gobierno no es la cobertura para personas con discapacidad, sino quién debe financiar algunos de los servicios actualmente cubiertos por el FSR. En noviembre, las coberturas para personas con discapacidad demandaron $88.225 millones, y en lo que va del año, $671.530 millones. De acuerdo con los funcionarios de Salud, dos tercios de esa cifra se destinaron a gastos en educación y transporte.
Frente a este panorama, el Gobierno propone que las provincias asuman estos costos, que en 2024 se estiman en unos $450.000 millones, argumentando que la educación y el transporte son responsabilidades de las jurisdicciones locales.
