jueves 13 de junio de 2024
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Ajuste en discapacidad y salud: “Si dejan todo librado a la decisión de las prepagas y obras sociales, los que van a sufrir son los afiliados”

El sector de discapacidad se encuentra en alerta ante la presentación del proyecto de ley, por parte del gobierno de Javier Milei, que pretende que las prepagas y obras sociales determinen libremente el costo del nomenclador. Se verían afectadas miles de personas con discapacidad que dependen de la cobertura de salud para recibir atención.
lunes 10 de junio de 2024
Ajuste en discapacidad y salud: “Si dejan todo librado a la decisión de las prepagas y obras sociales, los que van a sufrir son los afiliados”
Sólo quienes puedan costear las prestaciones tendrían acceso a ellas, dejando desprotegidas a miles de personas con discapacidad que dependen de la cobertura de salud.
Sólo quienes puedan costear las prestaciones tendrían acceso a ellas, dejando desprotegidas a miles de personas con discapacidad que dependen de la cobertura de salud.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creó un proyecto de Ley con el que pretenden desregular las prestaciones de las personas con discapacidad establecidas en el nomenclador. En este sentido, se busca que las prepagas y obras sociales determinen libremente los costos de las prestaciones sanitarias y básicas, quitando la responsabilidad regulatoria del Estado.

Al respecto, el art. 3 inc. D del proyecto de Ley dispone: “d) Proponer modificaciones, cuando fuere necesario, al Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, definidas en el Capítulo IV de la Ley N° 24.901, a excepción de los valores arancelarios de las prestaciones estipuladas en dicho Nomenclador, que serán establecidos de forma independiente por cada uno de los entes financiadores del Sistema”.

La abogada comodorense Paola Solé, diplomada en Derecho de Daños y en Derecho de Salud, y especialista en discapacidad, señaló en diálogo con Crónica que este cambio tendría un grave impacto al otorgar a las prestadoras de salud el poder de establecer libremente los precios de las prestaciones.

Paola Solé, abogada comodorense diplomada en Derecho de Daños y en Derecho de Salud, y especialista en discapacidad.

Si se llegara a aprobar la normativa, “hay dos alternativas: puede suceder que esos precios sean acorde al valor de las prestaciones y las personas con discapacidad no queden desprotegidas; o puede suceder que se organicen como ya lo hicieron y los precios no alcancen a cubrir el valor real de las prestaciones, por lo que sólo quienes puedan costear las prestaciones tendrían acceso a ellas, dejando desprotegidas a miles de personas con discapacidad que dependen de la cobertura de salud para recibir atención”.

Vale recordar que el nomenclador determina el valor de la prestación, que además se actualiza y puntualmente en la Patagonia, se le suma un plus de un 20% por zona desfavorable.

Solé agregó que actualmente con el sistema vigente ya existen irregularidades. “Hoy, existiendo el nomenclador, hay mucha gente que se asesora, reclama e inicia acciones legales para hacer valer sus derechos, pero hay mucha gente que no está informada, que puede pagar el extra al prestador de la persona con discapacidad y dice ‘bueno, yo hago un esfuerzo y le pago el prestador´ y hay gente que directamente no puede pagar, entonces ahí está el problema. Si dejamos esto librado a la decisión de las prepagas y obras sociales, el gran problema es que los únicos que van a sufrir son los afiliados”, dijo la abogada.

Ante esta situación y como consecuencia, señaló que muchas veces los prestadores pasan más horas de lo que corresponde para poder compensar el valor que no abona la obra social y que tampoco lo pueden hacer las familias. “Es la realidad, en vez de tener dos horas de acompañamiento terapéutico tres veces a la semana, el nene tiene cuatro horas todos los días, entonces ahí compensan valores. Es decir, el prestador va dos horas tres veces a la semana, pero todo el resto es para compensar el valor. Esto pasa todo el tiempo y lo hacen justamente para poder compensar los valores, porque hay familias que no pueden sacar de su bolsillo y pagarle el resto al prestador”.

Fundación Luz de Esperanza: “Quedarían vulneradas las familias, por una negociación entre el prestador y la obra social”

La fundación acompaña, capacita y asesora a un total de 144 familias de pacientes electrodependientes en la ciudad. En Chubut, es la única organización que se dedica a esta temática, por lo que están llevando a cabo un trabajo de expansión para llegar a todas las localidades del interior de la provincia y dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad, especialmente los electrodependientes.

El presidente de la fundación, Christian Sosa, se refirió a la nueva normativa que busca aprobar el gobierno nacional. “Nosotros estamos en rechazo del proyecto de ley donde le darían la facultad a las obras sociales de ponerle el precio de los honorarios a los profesionales, porque la obra social tiraría por el costo más bajo, el profesional no acataría el costo de ese honorario y quedarían vulneradas las familias, por una negociación entre el prestador y la obra social”.

Asimismo, agregó que “entonces nos encontraríamos en una burocracia donde la familia debe generar más recursos de amparo de lo que ya llevan, para que le cubra la cobertura integral al 100% de todas las prestaciones que necesiten”.

Al respecto, señaló que se está trabajando en conjunto a nivel regional y nacional para que esta propuesta no avance. “Vamos a seguir trabajando a través de los Consejos de Discapacidad y a través de la Federación de Discapacidad, para frenar el avance de esta normativa”, concluyó.

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