A casi dos años del asesinato de Maximiliano Cifuentes, su madre pide fecha de juicio

Bárbara Sarmiento exige a la Oficina Judicial que fije de manera urgente la fecha de debate por el crimen de su hijo de 21 años. Con casi medio centenar de testigos y pruebas de ADN en el expediente, advierte que volverá a marchar si no hay respuestas.
martes 17 de noviembre de 2026

A pocos meses de cumplirse dos años del trágico homicidio de Maximiliano Andrés Cifuentes, su mamá, Bárbara Luciana Sarmiento, alza la voz ante la falta de respuestas judiciales. El expediente que investiga el asesinato de su hijo, ocurrido en el barrio Laprida, se encuentra listo para la instancia de debate desde mediados de 2025; sin embargo, la demora en la fijación de la fecha para el juicio por jurados mantiene a la familia en una situación de total incertidumbre.

Maximiliano tenía 21 años cuando fue apuñalado el 1 de enero de 2025, muriendo camino al Hospital Alvear. Era padre, hijo y hermano. Hoy, su madre no solo carga con el dolor irreparable de su pérdida, sino también con el desgaste físico y emocional de mendigar una respuesta institucional. "No tengo una explicación, una respuesta, no sé, capaz que soy yo. No tengo una respuesta de Fiscalía, me dicen que capaz que para el otro año, capaz no me sirve. Necesito que se haga el proceso, porque vulneran mis derechos también de saber cómo sigue todo esto. No me dan una respuesta concreta", expresó con profunda indignación.

Una causa lista, pruebas sólidas y una espera injustificada que vulnera derechos

La causa penal cuenta con un sólido respaldo probatorio que incluye 47 testigos, registros fílmicos, pericias científicas y pruebas de ADN. Desde que el Ministerio Público Fiscal acusó a Roberto Alejandro Romero como autor del delito de Homicidio Simple —solicitando una pena superior a los 20 años de prisión—, el expediente ha atravesado meses de absoluto silencio por parte de la Oficina Judicial.

Para Bárbara, la falta de criterios claros en la programación de los debates resulta inexplicable. "Desde abril estamos esperando, ya se había elevado a juicio y tuvimos una revisión de la preventiva. Sé que la jueza pidió para que se aceleraran los procesos porque se está por cumplir un plazo. La preventiva tiene un plazo legal, entonces mi miedo es ese, que estamos dentro de los plazos. No voy a esperar que se termine el plazo para salir a hablar o pedir explicaciones de por qué la Oficina Judicial todavía no saca todo esto adelante. Cuando ya sacó casos que pasaron posterior al de mi hijo. Ya tienen juicio, ya tienen jurado y el mío solamente no me saben responder para cuándo", cuestionó.

El temor latente de que el imputado pueda recuperar la libertad o acceder a beneficios procesales por el vencimiento de los tiempos legales agrava la desesperación de la familia, que observa cómo causas más recientes ya han tenido su resolución mientras el expediente de Maxi continúa paralizado. "Sigue en prisión preventiva, pero eso tiene un plazo igual, no lo pueden tener tampoco para siempre ahí. Entonces, mi miedo es ese. El imputado pide prisión domiciliaria todas las veces y lo puede seguir haciendo mientras dure esto, que no me dan una fecha. Para marzo tenemos otra revisión. Quiero que me den una fecha, nada más. Es lo único que pido, quiero saber una fecha, quiero tener una fecha, saber cuándo se va a hacer todo esto", enfatizó.

A pesar de la frustración con los tiempos administrativos, Bárbara sostiene su confianza en la solidez de la investigación fiscal para lograr una condena efectiva: "Confío en Fiscalía igual y en las cosas que hay. Hay muchos testigos, hay muchas pruebas. El ADN, todo. O sea, todas las pruebas, está todo bien. Simplemente necesito que se acelere el proceso".

El impacto en la salud mental y la advertencia de volver a las calles

La dilatación procesal no es meramente administrativa; se traduce en una forma de revictimización diaria que destruye la salud integral de los familiares de las víctimas. Los ataques de ansiedad, el pánico y el insomnio se han vuelto moneda corriente para Bárbara, quien intenta sostener su día a día y su trabajo mientras atraviesa este calvario.

"Yo tengo ataques de ansiedad, de pánico. Recién llego a trabajar, te estoy hablando y estoy temblando. De verdad que la estoy pasando súper mal y esto me genera mucho malestar. Porque tengo que tratar de trabajar, de hacer las cosas y tratar de que me den una respuesta, porque nadie me da una respuesta concreta. Capaz, esperemos para el otro año. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar yo? Porque los casos posteriores salieron ya y el mío está parado", reflexionó con dolor.

Frente a la proximidad de la feria judicial de enero de 2027 y la falta de garantías sobre los plazos razonables consagrados en la Constitución Nacional y los pactos internacionales, la madre no descarta retomar las movilizaciones junto a otras familias en situación similar si no obtiene definiciones concretas. "Seguramente vamos a volver a marchar si esto no se resuelve. Pero ¿por qué todas las personas —no solo en mi caso, sino todos los casos, porque nos conocemos y estamos en contacto— tenemos que pasar por esto? Es muy difícil cuando no podés ni levantarte, cuando no podés ni hablar, tener que salir a explicar o pedir que me den una fecha, o que me den una explicación de por qué no me la dan", reclamó.

Sin juicio no hay verdad, y sin verdad no hay duelo posible. Bárbara exige a la Oficina Judicial que arbitre de manera urgente los medios necesarios para la selección de jurados y la fijación del debate: "Es sumamente desgastante mentalmente, físicamente para mí seguir con todo esto. Y que no me den una respuesta concreta me molesta. La Oficina Judicial, me supongo que alguien tiene que dar una respuesta, no un simple 'capaz que para el otro año'. No me sirve un 'capaz'. Lo único que pido es que se acelere el proceso, para poder hacer mi duelo tranquilo y poder estar en paz un poco".