San Luis lidera índices de morosidad crediticia mientras crecen los reclamos salariales

Además de Chubut, la situación de las deudas golpea a San Luis. La provincia de ubica entre las que poseen mayor morosidad crediticia: el 21,5% de las familias tiene deudas impagas según un informe. Gremios denuncian una caída salarial del 26%.
lunes 16 de noviembre de 2026

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ubica a San Luis entre las provincias con mayor morosidad, con una irregularidad crediticia del 21,5%. Mientras Claudio Poggi promociona una billetera virtual y una ley de desendeudamiento, los gremios cuestionan el ajuste provincial y la pérdida del poder adquisitivo tras casi tres años de gestión.

Casi 97 mil puntanos registran deudas en mora y San Luis se mantiene entre las provincias con mayores dificultades para afrontar los compromisos financieros. Los datos correspondientes a septiembre de 2026 atribuidos al Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizan 96.756 personas con pagos atrasados y una irregularidad crediticia del 21,5%, frente al 15,4% nacional. Las cifras llegan en un momento particularmente incómodo para Claudio Poggi, que lleva casi tres años al frente de la provincia y ahora intenta presentar el desendeudamiento familiar como una de las principales respuestas económicas de su administración.

El gobernador encontró en las herramientas financieras una nueva agenda de anuncios, pero el deterioro de los salarios provinciales sigue sin resolverse. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calculó que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada en San Luis llegó al 239,62%, mientras los aumentos salariales sumaron apenas el 150,71%. Según ese relevamiento gremial, los estatales perdieron aproximadamente un 26% de su poder adquisitivo respecto del inicio de la gestión. Poggi defendió el orden de las cuentas públicas y administró los incrementos salariales mediante aumentos escalonados, una política cuestionada por los sindicatos que reclaman una recomposición efectiva de los ingresos. El costo de esa decisión se trasladó a los trabajadores, según ATE, que viene advirtiendo sobre el recurso creciente al crédito para cubrir gastos familiares.

La ley de desendeudamiento terminó por ofrecerle al oficialismo una salida política frente a un problema que también compromete su gestión. Poggi envió el proyecto a la Legislatura en septiembre y consiguió su aprobación en octubre. El programa contempla refinanciaciones de al menos 24 meses, cuotas limitadas al 30% del ingreso familiar y beneficios fiscales para las entidades financieras que adhieran. La iniciativa puede aliviar obligaciones vencidas, pero depende de los acuerdos que ofrezcan los acreedores y no modifica los salarios. Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis, cuestionó el proyecto y responsabilizó a la política salarial provincial por el endeudamiento de los estatales. El gremio había reclamado medidas desde abril y sostuvo que el Gobierno debía recuperar los ingresos antes que concentrarse exclusivamente en administrar las deudas.

La apuesta por una billetera virtual provincial completa esa estrategia oficial. Poggi impulsó una legislación específica para desarrollar herramientas digitales de pago e inclusión financiera, mientras los indicadores de morosidad muestran las dificultades que atraviesan los hogares para sostener sus consumos. El Gobierno presenta estos instrumentos como medidas destinadas a estimular la actividad económica, pero su alcance es distinto al de una recomposición salarial. La responsabilidad por la crisis de ingresos no corresponde exclusivamente a la Provincia: el ajuste nacional de Javier Milei y el deterioro del poder adquisitivo también forman parte del problema. Poggi, sin embargo, respalda políticamente al presidente y tiene bajo su control las decisiones salariales de la administración pública provincial.

El crecimiento del endeudamiento ya aparecía en los registros anteriores a los últimos anuncios. En junio, el informe del CEPA ubicó la irregularidad crediticia de San Luis en el 20,5%, entre las cinco más altas del país. La medición de septiembre difundida posteriormente la situó en el 21,5%. Después de casi tres años de austeridad y conflictos por los salarios, su administración necesita promover mecanismos para refinanciar obligaciones de familias que tienen dificultades para pagarlas.