Nueve imputados y lavado millonario: así operaba la banda narco ligada a Lázaro Báez

La investigación federal por narcotráfico en Santa Cruz formalizó la imputación contra nueve personas sospechadas de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y al posterior blanqueo de capitales mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales y la compra de vehículos, varios de ellos inscriptos a nombre de terceras personas. A partir de escuchas telefónicas y diversas medidas de prueba, la causa quedó entrelazada con el expediente patrimonial que involucra al empresario Lázaro Báez y maniobras de lavado de activos.

En un fallo de 31 páginas al que tuvo acceso la prensa, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, precisó qué función habría cumplido cada uno de los acusados dentro de la estructura descrita por el Ministerio Público Fiscal. La calificación legal provisoria abarca los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos, en el marco de una investigación compleja que tendrá un plazo de dos años desde su formalización el 12 de noviembre de 2026.

Los cuatro presuntos conductores de la organización

En la cúspide de la banda, la Fiscalía ubicó a Jorge Elías Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Jorge Manuel Ulloa y Cristian Sebastián Ibáñez, quienes se habrían repartido la provisión de droga, la coordinación operativa, el manejo de rodados y la administración de los recursos económicos. Para los cuatro, el magistrado ordenó la prisión preventiva efectiva por 180 días en un establecimiento penitenciario.

A Jorge Elías Agustín Agüero se le atribuyó, junto con Juan Pablo Bórquez, la conducción directa del circuito de provisión y distribución de cocaína, manteniéndose vinculado con desplazamientos y contactos operativos clave. En el plano patrimonial, se determinó que administraba un Ford Focus y una Ford F100, además de tener nexos con otros vehículos utilizados por personas relacionadas con la pesquisa.

Por su parte, Juan Pablo Bórquez no solo compartía la dirección del tráfico, sino que cumplía un papel central en la circulación de fondos digitales: entre diciembre de 2025 y julio de 2026, sus billeteras virtuales registraron ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24 sin respaldo formal, incluyendo 59 transferencias a Paula Makarena Bórquez por $22.329.000. Además, administraba un Volkswagen Suran y quedó comprometido por comunicaciones ligadas a un procedimiento con importante secuestro de droga.

El tercer conductor señalado es Jorge Manuel Ulloa, quien habría aportado la base logística del grupo a través del lubricentro Esperanza Trucks, identificado por los investigadores como punto de recepción, acopio y reuniones. La resolución destacó que Ulloa adquirió una Toyota SW4 por $43 millones, administró una Volkswagen Amarok y recibió transferencias de Aldo Rubén Herrera por $9.143.500, además de registrar movimientos financieros con Cristian Ibáñez.

Finalmente, Cristian Sebastián Ibáñez —identificado en la causa patrimonial de Lázaro Báez como un operador territorial del entorno del empresario— fue acusado de participar de los encuentros en el lubricentro y volcar fondos ilícitos a la compra de bienes de alto valor. Entre sus operaciones figuran la adquisición de una Volkswagen Amarok por $65 millones en agosto de 2025 y una Ford F150 por $5 millones, sumado a la administración de una Dodge RAM, una Ford Ranger y un BMW 118i, financiados en parte con transferencias recibidas de Ulloa y Herrera.

Finanzas, logística y acopio: los otros cinco acusados

El segundo escalón de la estructura estuvo conformado por cinco integrantes encargados de sostener la operatoria cotidiana, el resguardo de los estupefacientes y el movimiento digital del dinero, aunque con distintos grados de responsabilidad procesal.

El único de este grupo que recibió prisión preventiva efectiva por 180 días fue Pedro Nahuel Leal, a quien se le adjudicaron tareas operativas en Esperanza Trucks y el acopio de droga. Durante el allanamiento realizado el 10 de noviembre de 2026 en su vivienda de la calle Madame Curie 2436, en Río Gallegos, se incautaron 725 gramos de cocaína, 1.305 gramos de cannabis y dos balanzas. En el plano financiero, registró ingresos en billeteras virtuales por $84.451.721 y egresos por $69.205.004,71 sin justificación económica, realizando transferencias hacia Juan Pablo y Paula Bórquez, además de administrar un VW Gol Trend, un Ford Focus, un VW Suran y un VW Gol.

Un rol preponderante en la ingeniería financiera recayó sobre Paula Makarena Bórquez, quien entre el 1° de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026 movió a través de billeteras virtuales ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16 sin respaldo formal, cruzando transferencias con Juan Pablo Bórquez, Leal y Ulloa. También administraba un Fiat 500 y un Ford Focus. No obstante, el juez le concedió prisión domiciliaria con presentación semanal ante la Oficina Judicial, prohibición de contacto con los demás imputados y permisos específicos para trabajar y llevar a su hija menor a la guardería.

Con un nivel de intervención considerado menor, José Ariel Silva fue descrito como una persona de confianza que se encargaba de abrir y cerrar el lubricentro, compartía vehículos de la red y administraba un Volkswagen Gol Trend. En tanto, Aldo Rubén Herrera participaba de las reuniones en Esperanza Trucks, adquirió un Toyota Corolla en julio de 2025 y aportó fondos mediante transferencias por $10.243.500 a Ulloa y $1.334.500 a Paula Bórquez. Tanto Silva como Herrera quedaron en libertad bajo promesa de sometimiento al proceso y prohibición de contacto entre involucrados.

Por último, la situación de Valentina Micaela Devetac fue diferenciada del resto: la Fiscalía no la vinculó con la venta de drogas, sino que la imputó como presunta partícipe secundaria en las maniobras patrimoniales. Según el expediente, facilitó su cuenta de Mercado Pago a su pareja, Cristian Ibáñez, recibiendo $9.670.000 entre diciembre de 2025 y octubre de 2026. El Ministerio Público infirió que conocía el origen ilícito por su convivencia, el nivel de vida que llevaban y la falta de respaldo económico, por lo que también quedó sujeta a reglas de conducta en libertad.

Los tres hechos concretos de narcotráfico investigados

La acusación penal atribuida a ocho de los nueve imputados —excluyendo a Devetac— se apoya sobre tres episodios específicos de tenencia y comercialización detectados en Río Gallegos.

El primer hecho refiere a la presunta comercialización de 66,43 gramos de clorhidrato de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky, sustancia hallada el 22 de diciembre de 2025 durante un allanamiento en un domicilio de Héctor Fadúl al 455.

El segundo episodio involucra otros 439,88 gramos de cocaína que habrían sido comercializados a Carlos Mauricio Audicio. La droga fue secuestrada el 9 de abril de 2026 en su vivienda de Pionero Joaquín González al 515, durante una inspección realizada luego de que se encontrara allí su cuerpo sin vida.

El tercer hecho corresponde al secuestro de 1.305 gramos de cannabis y 725 gramos de cocaína efectuado en el domicilio de Pedro Nahuel Leal durante los procedimientos del 10 de noviembre de 2026.

Embargo de 18 vehículos y levantamiento del secreto bancario

Más allá de las medidas de coerción personal dictadas sobre los nueve imputados, el juez Claudio Vázquez ordenó el secuestro y embargo preventivo de 18 rodados vinculados con la organización —entre ellos camionetas Volkswagen Amarok, Toyota SW4, Dodge RAM, Ford Ranger y diversos automóviles—, muchos de los cuales figuraban inscriptos a nombre de testaferros para disimular su verdadero origen.

Asimismo, el magistrado autorizó la extracción y preservación forense de toda la información contenida en los dispositivos electrónicos secuestrados y amplió el levantamiento del secreto bancario y financiero de los nueve sospechosos desde el 1° de enero de 2025 hasta el cierre de la instrucción. Declarada como causa compleja desde el 4 de agosto de 2026, la investigación continuará durante los próximos dos años para terminar de trazar la ruta del dinero y determinar el alcance final de las responsabilidades penales.