El IPV respondió a los reclamos del barrio ARA San Juan y confirmó que estudia viviendas con problemas estructurales

El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Alejandro Asensio, respondió a los reclamos de los vecinos del barrio ARA San Juan de Comodoro Rivadavia, quienes denunciaron grietas en paredes, techos y pisos, filtraciones y posibles riesgos estructurales en las casas entregadas a partir de 2019. En declaraciones a Crónica, el funcionario sostuvo que el organismo continúa evaluando los casos y que, en uno de los sectores afectados, ya fueron reubicadas tres familias por el estado de sus viviendas.

Asensio explicó que las 630 viviendas que conforman el barrio fueron construidas por distintas empresas de Comodoro Rivadavia y que la mayoría se entregó durante 2019. Según indicó, los primeros reclamos formales por defectos en las construcciones comenzaron a recibirse en 2024, cuando algunos adjudicatarios enviaron cartas documento al organismo.

En ese contexto, detalló que 16 adjudicatarios iniciaron acciones judiciales: ocho demandas fueron rechazadas, uno de los demandantes desistió y otras siete continúan en trámite. De acuerdo con la versión del titular del IPV, cuando el organismo envió inspectores para revisar los problemas denunciados por quienes iniciaron las demandas, no les habrían permitido ingresar a las viviendas, por lo que no pudieron verificar las condiciones señaladas.

El funcionario afirmó que, más allá de los procesos judiciales, el IPV continúa recibiendo y evaluando reclamos. También sostuvo que, en los casos rechazados por la Justicia, el organismo mantiene las inspecciones y busca atender las situaciones planteadas por los vecinos.

Sobre los problemas detectados, Asensio señaló que algunos corresponden a fisuras que atribuyó a movimientos de las estructuras o a daños superficiales en los revoques. Sin embargo, reconoció que existen situaciones de mayor gravedad y precisó que cuatro viviendas ubicadas en una esquina de la manzana 198 presentan un estado estructural comprometido.

En ese sector, indicó, tres familias ya fueron desalojadas y reubicadas en otras viviendas del IPV, mientras que el organismo trabaja para trasladar a la familia restante. Una vez que se concrete esa reubicación, prevén avanzar con la demolición de las cuatro unidades y realizar un nuevo estudio de suelo para determinar qué provocó los daños.

Asensio explicó que, además de esos cuatro casos, hay otra vivienda de la misma manzana con problemas bajo evaluación. Según dijo, se trata de cinco situaciones particulares en total en ese sector. El estudio encargado buscará establecer las condiciones del terreno y el estado de las fundaciones, en un contexto en el que el funcionario reconoció que las características del suelo de Comodoro pueden presentar dificultades.

El presidente del IPV también defendió los estudios realizados durante la construcción del barrio. Aseguró que las empresas que intervinieron en los distintos sectores contaron con planos aprobados por la Municipalidad y efectuaron estudios de suelo en los lugares donde construyeron. Estas declaraciones se producen luego de que vecinos denunciaran públicamente presuntas irregularidades en los estudios de terreno y cuestionaran las condiciones en las que se edificaron sus viviendas.

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En cuanto a los procedimientos para reclamar por desperfectos, Asensio explicó que, al momento de la entrega de las llaves, se realiza una recorrida por cada vivienda con la participación de los adjudicatarios, la inspección de obra y la empresa constructora. Luego, los vecinos pueden presentar sus reclamos por nota o correo electrónico durante un plazo de tres años, según indicó. También afirmó que el organismo no otorga el visto bueno definitivo a las empresas hasta que se resuelven los reclamos correspondientes.

El funcionario reconoció que, en la mayoría de los casos, ese plazo ya venció, pero aseguró que el IPV continúa atendiendo las situaciones que recibe. Al mismo tiempo, sostuvo que algunos de los reclamos difundidos públicamente no fueron formalizados ante el organismo y que, por ese motivo, no cuentan con registros para iniciar las inspecciones correspondientes.

Respecto de las ampliaciones realizadas por algunos propietarios, Asensio señaló que los inspectores encontraron viviendas con modificaciones que, según su evaluación, pueden afectar la estructura original. Afirmó que el IPV no tiene permisos registrados para ampliaciones en el barrio y recordó que, para realizar ese tipo de obras, deben presentarse planos ante la Municipalidad y contar con la supervisión profesional correspondiente.

Otro de los puntos planteados por los vecinos es la dificultad para afrontar las cuotas de las viviendas mientras deben hacer frente a posibles reparaciones. Sobre ese reclamo, Asensio dijo que al organismo no le consta que las familias estén realizando arreglos por su cuenta debido a los desperfectos. También aseguró que, según los registros del IPV, numerosos adjudicatarios acumulan entre 35 y 40 cuotas impagas.

Refinanciamiento de las cuotas

El titular del organismo indicó que en 2023 se implementó una resolución para refinanciar las cuotas, en el marco de las dificultades económicas derivadas de la pandemia, pero afirmó que los atrasos continuaron. Además, señaló que algunos beneficiarios que tenían débito automático lo dieron de baja.

En relación con el monto de las cuotas, Asensio aclaró que no existe un valor único para todas las viviendas, aunque estimó que las del barrio rondan entre 220 y 225 unidades de vivienda, equivalentes a aproximadamente 330.000 pesos. Frente a las versiones de que los pagos podrían alcanzar los 700.000 pesos, sostuvo que los valores que maneja el organismo son diferentes y comparó el importe estimado con los precios de alquileres en Comodoro Rivadavia.

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Finalmente, el presidente del IPV sostuvo que el pago de las cuotas y la atención de los reclamos por desperfectos son cuestiones distintas. Argumentó que los fondos recuperados permiten financiar nuevas viviendas para otras familias que todavía no tienen casa propia, mientras que aseguró que el organismo continuará evaluando los problemas denunciados en el ARA San Juan, incluidos los casos que ya están en la Justicia.