Argentina rechaza las críticas británicas y defiende el arbitraje internacional por los recursos en Malvinas
El Gobierno argentino rechazó de forma categórica las objeciones del Reino Unido tras la decisión de acudir al arbitraje de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para frenar la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Desde la Cancillería cuestionaron la postura de Londres, remarcaron que recurrir a tribunales internacionales es un mecanismo legítimo e imparcial y reafirmaron la constante disposición del país a reanudar las negociaciones bilaterales de soberanía.
El recurso al tribunal internacional como vía pacífica
A través de un comunicado emitido por el Palacio San Martín, el Ejecutivo nacional salió al cruce de las declaraciones procedentes del gobierno británico, en las que se caracterizaba la acción judicial argentina como un intento de "socavar derechos". Ante esta afirmación, el pronunciamiento oficial fue tajante: “Nada más alejado de la realidad”. Desde la diplomacia argentina argumentaron que someter un litigio ante un tribunal internacional imparcial representa la actitud más responsable que puede asumir un Estado respetuoso del derecho internacional.
El conflicto escaló luego de que, el pasado 28 de septiembre, el Gobierno argentino instruyera formalmente a los equipos jurídicos de Cancillería para iniciar un procedimiento de arbitraje vinculante bajo el marco normativo de la CONVEMAR. Esta medida busca detener de manera concreta el avance de la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, especialmente enfocada en el desarrollo del proyecto comercial Sea Lion. La Argentina recordó que, al ser ambos países Estados parte de la convención de la ONU, han aceptado explícitamente sus mecanismos pacíficos para la resolución de desacuerdos. En esa línea, se remarcó que el arbitraje no atenta contra terceros, sino que resguarda de forma legítima los recursos naturales pertenecientes a la nación.
Disputa de soberanía, resoluciones de la ONU y rechazo a las medidas unilaterales
La respuesta argentina también apuntó a los dichos de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien había defendido enérgicamente las actividades hidrocarburíferas promovidas por su país en la zona marítima disputada. Desde el Palacio San Martín le señalaron que, si el Gobierno británico considera firmemente que sus acciones se encuadran en la legalidad internacional, tendrá la oportunidad formal de exponer y defender sus argumentos ante los árbitros independientes que conformen el tribunal.
Asimismo, la Cancillería aprovechó el escrito para repasar el consenso histórico de la comunidad internacional, que reconoce formalmente la existencia de un litigio de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En este marco, se invocó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mandato fundacional que llama a ambas partes a entablar negociaciones bilaterales pacíficas.
En contraposición a dicho mandato, la Argentina objetó que la exploración y extracción unilateral de recursos no renovables en un área bajo disputa viola el statu quo y altera unilateralmente la situación del archipiélago. Por último, la diplomacia argentina desestimó la apelación británica al principio de autodeterminación de los pueblos para este caso, recordando que las Naciones Unidas nunca han considerado aplicable dicho criterio a la población de las islas. El comunicado concluyó reafirmando la voluntad intransigente del país de resolver el diferendo histórico únicamente por la vía diplomática, el diálogo y el estricto cumplimiento del derecho internacional.