Lijo amplió la investigación patrimonial sobre Adorni y ordenó revisar sus bitcoins
El juez federal Ariel Lijo resolvió este lunes hacer lugar a las novedosas medidas requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita dentro de la causa que examina el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Entre las distintas diligencias dispuestas, el juzgado ordenó reconstruir la totalidad de los ingresos y bienes de la exautoridad y de su cónyuge, Bettina Angeletti, desde 1998, además de auditar en el plano técnico ocho direcciones de bitcoin aportadas por la representación legal.
La solicitud de Pollicita se formalizó este mismo lunes, tras analizar las justificaciones económicas presentadas la semana anterior por Adorni. La meta del procedimiento radica en determinar si resulta posible verificar las explicaciones con las que el exfuncionario pretendió fundamentar la procedencia de una porción de sus activos.
La pesquisa retrocede hasta 1998
El planteo de la defensa afirmó que los fondos empleados por Adorni desde el año 2014 derivaron de ahorros familiares acumulados a lo largo de los años mediante la labor profesional de ambos integrantes del matrimonio. Frente a dicha postura, Pollicita requirió extender la fiscalización hacia el comienzo de la trayectoria laboral activa de las dos partes.
De este modo, las actuaciones dirigidas a Adorni retrocederán al 28 de febrero de 1998, en tanto que sobre Angeletti se extenderán hasta el 10 de octubre de 2000. Previo a esta resolución, las comprobaciones patrimoniales contemplaban únicamente la etapa iniciada en enero de 2012.
En paralelo, Lijo extendió el levantamiento del secreto fiscal e intimó a ARCA para que remita las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, las actividades registradas, los activos, los ingresos consignados, los informes de terceros y los antecedentes de ingreso a esquemas de blanqueo o moratorias.
A esas medidas se sumará la reconstrucción de la trayectoria de empleo de la pareja, sus remuneraciones y aportes, los bienes inmuebles y parque automotor que registraron, junto a la eventual participación en sociedades, fundaciones o asociaciones. Del mismo modo, se auditarán las compras de divisas efectuadas entre los años 2011 y 2015, relevando sus montos, los destinos argumentados y los dictámenes de validación.
De acuerdo con otro apartado de la evaluación fiscal, en la etapa analizada la familia Adorni habría percibido fondos de origen lícito por un total de $229,75 millones y efectuado erogaciones por $272,82 millones. Por este motivo, Pollicita cuantificó un desfasaje de $43,07 millones que aún requiere ser justificado.
La lupa sobre los bitcoins
El segundo eje de las determinaciones se focaliza en establecer la procedencia de la moneda extranjera que Adorni vinculó a operaciones con activos digitales. La defensa identificó ocho direcciones de bitcoin operadas entre los meses de octubre de 2014 y septiembre de 2018, sosteniendo que la conversión de esas tenencias generó USD 591.544,61.
A partir de dicha versión, esas transacciones servirían para fundamentar los USD 565.000 en efectivo reportados en la rectificación de la declaración jurada inicial de 2023 bajo la denominación de "venta de activos".
Para respaldar que las ocho direcciones pertenecían a Adorni, la representación legal adjuntó documentación de escribanía y un informe forense on-chain. Ante esto, Pollicita solicitó corroborar en el terreno técnico que las mismas estaban efectivamente bajo el control del investigado.
Cómo será la verificación
Lijo habilitó al abogado de Adorni, Matías Ledesma, para que concurra a la sede de la Fiscalía acompañado por su perito, una computadora portátil y el sobre cerrado y lacrado con las claves privadas de las ocho direcciones.
El profesional designado por la defensa deberá operar mediante una billetera de gestión, como Sparrow o Electrum, para proceder a firmar desde cada dirección un texto que le será entregado de forma directa por la Fiscalía en ese instante.
Posteriormente intervendrá el cuerpo técnico de la Policía Federal Argentina para ejecutar la comprobación criptográfica de las firmas y validar si se corresponden formalmente con las direcciones remitidas.
Todo el procedimiento quedará grabado y las claves privadas permanecerán guardadas bajo custodia de la defensa. Mediante esta diligence, la Fiscalía intentará verificar un aspecto central del descargo de Adorni: que un monto sustancial del dinero auditado se originó en inversiones en bitcoin concretadas antes de su incorporación a la función pública.
Con información de Infobae.
