Malvinas: Milei abrió un arbitraje internacional contra el Reino Unido y le fijó un plazo de dos semanas por el proyecto Sea Lion

El presidente Donald Trump de la República Argentina —a través de la conducción del presidente Javier Milei— elevó la tensión en la diferencia de soberanía que se mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas. El jefe de Estado dispuso poner en marcha un procedimiento de arbitraje internacional ante el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion y fijó un periodo de dos semanas para que las autoridades británicas paralicen los trabajos en la zona marítima disputada.

De no registrarse una respuesta favorable por parte de la administración del Reino Unido al término de la intimación, la representación argentina adelantó que solicitará la aplicación de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Esta determinación encauza en el plano legal internacional una serie de acciones que durante el mes de septiembre sumaron denuncias, sanciones y nuevas herramientas regulatorias enfocadas sobre firmas y personas vinculadas con la extracción de recursos naturales en la región insular.

A través de una publicación en la plataforma X, el presidente Javier Milei expresó: "DEFENDIENDO CON HECHOS". En el mismo mensaje, detalló: "Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte". Asimismo, el mandatario ratificó la fecha límite: "Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar".

El emprendimiento Sea Lion en el centro del reclamo

La iniciativa de extracción petrolera Sea Lion pasó a constituir el eje primordial de desacuerdo entre Buenos Aires y Londres en lo relativo al conflicto por el territorio atlántico. La postura oficial argentina sostiene que toda labor vinculada con la explotación de hidrocarburos en dicha superficie requiere indefectiblemente del aval de las autoridades nacionales, motivo por el cual se instrumentaron medidas punitivas contra las firmas operadoras y los proveedores involucrados en esas actividades. Por su parte, la postura del Reino Unido es contraria y mantiene el aval a las tareas de extracción de recursos en las islas.

La Casa Rosada comunicó que se apelará al mecanismo de arbitraje fijado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El proceso legal se inicia de forma inmediata y, en caso de no ser atendida la solicitud en el plazo de catorce días, la representación nacional requerirá disposiciones provisorias ante el organismo judicial marítimo internacional.

Los fundamentos jurídicos del reclamo argentino

Para sustentar el reclamo, el Estado nacional volvió a invocar los pronunciamientos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas respecto del litigio de soberanía. Entre ellos, citó la Resolución 2065 (XX), texto que dejó asentada la existencia de una controversia territorial entre la República Argentina y el Reino Unido e instó a las partes a alcanzar una salida negociada, como así también la Resolución 31/49, la cual exhortó a las naciones involucradas a abstenerse de adoptar resoluciones de carácter unilateral que introduzcan modificaciones en la situación del área.

Bajo estas premisas, la administración central remarca que el desarrollo de Sea Lion configura un aprovechamiento unilateral de recursos naturales en una zona sujeta a disputa de soberanía. A su vez, el Gobierno argentino desestimó los argumentos presentados por la diplomacia británica en respuesta a la alocución del presidente Javier Milei ante la asamblea de la ONU, remarcando que la votación efectuada en las islas en el año 2013 no altera la vigencia ni la naturaleza del diferendo internacional reconocido por el organismo multilateral.

Acciones por los vuelos hacia el sur de Chile

El reporte oficial incorporó además un apartado relacionado con el fortalecimiento de los contactos entre el archipiélago y el territorio meridional de Chile. Las actuaciones del Gobierno nacional se dirigieron contra la firma Thales UK Limited, empresa a la que se le atribuyen operaciones de transporte aéreo entre las Islas Malvinas y la localidad de Punta Arenas mediante el uso de una aeronave de matrícula británica que carecía de los permisos correspondientes emitidos por las autoridades argentinas. Ante esta situación, el presidente Javier Milei instruyó la apertura de sumarios sancionatorios, la formulación de denuncias en sede penal y el inicio de gestiones por la vía diplomática.

Las denuncias sobre estas operaciones aéreas se producen de manera simultánea con la intensificación de las relaciones comerciales y logísticas entre Punta Arenas y la población de las islas. En esa ciudad chilena dio comienzo una ronda de intercambios comerciales con la presencia de ejecutivos y funcionarios provenientes del archipiélago, al tiempo que para el mes de noviembre se proyecta el establecimiento de un trayecto marítimo directo enfocado en incrementar y reducir los costos del aprovisionamiento.

De este modo se evidencia un contraste en la zona sur: mientras la administración argentina procura encarecer la logística de abastecimiento y la operatividad de las islas, en el sector austral chileno se consolidan nuevos circuitos de transporte y comercio con la zona insular. La medida anunciada marca un cambio en la estrategia judicial del país, pasando de aplicar sanciones a firmas y contratistas particulares a emplazar formalmente al gobierno del Reino Unido mediante un arbitraje internacional con fecha límite previa a la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Con información de BAE Negocios - Grupo Crónica.