Alerta en Comodoro por el impacto de los recortes nacionales en el sector de la discapacidad
La situación que atraviesa el sector de la discapacidad en Comodoro Rivadavia y a nivel nacional ha alcanzado un punto sumamente complejo. Luciana Bordón, referente de la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, advirtió que el ajuste económico impulsado desde el Gobierno Nacional trasciende lo burocrático y afecta de forma directa la calidad de vida de las familias. Según explicó la funcionaria, la falta de recursos económicos impide consolidar políticas públicas efectivas, transformando la garantía de derechos básicos en una permanente materia de disputa e incertidumbre diaria.
Uno de los aspectos más sensibles del escenario actual radica en las trabas administrativas para tramitar las pensiones no contributivas. Tras la reestructuración de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la baja del personal técnico que brindaba orientación presencial, el organismo nacional pasó a exigir la carga de formularios digitales y el seguimiento exclusivo mediante correo electrónico. Esta modalidad terminó por convertirse en un obstáculo infranqueable para quienes carecen de conectividad, dispositivos o conocimientos informáticos para autogestionar la solicitud.
Trabas en las pensiones y acompañamiento local
Frente al cese de la atención directa por parte de los organismos de Nación, las familias acuden de manera espontánea a las dependencias municipales en busca de contención y respuestas. Bordón remarcó que el equipo de la dirección debe intervenir para acompañar a los vecinos en el llenado de los formularios y la tramitación en línea. Sin embargo, aclaró que la capacidad de resolución local es extremadamente limitada, ya que la aprobación definitiva de los expedientes y la liquidación de los beneficios dependen en su totalidad del fuero central.
Por otro lado, la crisis del sector se profundiza por la falta de actualización en los aranceles del nomenclador y la demora de 90 días en el cobro de las prestaciones terapéuticas. Esta situación provoca que muchos profesionales independientes dejen de atender o restrinjan los cupos, limitando el acceso a tratamientos continuos para niños, adolescentes y adultos. El problema se agrava en el contexto socioeconómico regional, donde la pérdida de empleo formal deja a numerosas familias sin la cobertura de una obra social.
Crisis de profesionales y falta de presupuesto
Ante la interrupción de las coberturas privadas, los pacientes intentan ser absorbidos por el sistema público de salud, el cual se encuentra saturado. La escasez de profesionales especializados en el Hospital Regional y en los centros de salud comodorenses genera demoras prolongadas para conseguir turnos, acumulando listas de espera que se extienden por varios meses o se proyectan hacia el año siguiente. Esto interrumpe la continuidad de las terapias esenciales para el desarrollo e integración de los pacientes.
El panorama evidencia que la problemática golpea de manera transversal a la sociedad, afectando tanto a familias con ingresos regulares como a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad. Quienes cuentan con recursos deben litigar constantemente contra los incumplimientos de las prestaciones, mientras que para las personas sin un ingreso fijo la falta de respuesta estatal torna el panorama prácticamente insostenible.
Finalmente, Bordón enfatizó que la discusión de fondo requiere una clara decisión política que contemple la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la asignación de un presupuesto acorde. Sin financiamiento no hay posibilidad de brindar servicios de salud, asistencia e inclusión de calidad. En este marco, la funcionaria instó a las familias y a la comunidad a mantener la movilización colectiva para defender los marcos normativos conquistados.
