Reino Unido prorrogó por cinco años las licencias de explotación petrolera en las islas Malvinas
El Gobierno británico de las islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias de exploración y explotación petrolera a favor de firmas trasnacionales, en una decisión que escala la tensión diplomática y judicial con la Argentina por los recursos naturales en el Atlántico Sur.
La decisión cuenta con el respaldo del Gobierno británico y permitirá a las compañías operadoras continuar con sus actividades de exploración e inversión en la cuenca marina. Las licencias incluyen la opción de extenderse por dos años adicionales si las firmas cumplen con los programas de trabajo previstos.
Entre los desarrollos principales figura el proyecto Sea Lion, liderado por Navitas Petroleum (65 %) y Rockhopper Exploration (35 %), ubicado a 220 kilómetros del archipiélago. Las empresas proyectan iniciar la extracción de 50 000 barriles diarios de petróleo hacia marzo de 2028.
Desde la administración isleña, la responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales, Cheryl Roberts, defendió la medida al señalar que la prórroga busca brindar seguridad jurídica a los inversores. La decisión beneficia también a las empresas Borders & Southern, Desire Petroleum y a la canadiense JHI, e incluye la cesión del 65 % del bloque PL001 a Navitas para acelerar sus evaluacioes.
Cautelar judicial y posición de Argentina
Por su parte, Argentina reiteró que todas las actividades hidrocarburíferas realizadas en la plataforma continental sin autorización nacional son ilegales y se exponen a severas sanciones. La medida británica se conoció mientras el país intensifica las acciones contra las firmas que operan sin el aval oficial.
En el plano judicial, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a las firmas implicadas abstenerse de continuar o ejecutar las obras operativas de Sea Lion. La resolución surgió tras un amparo presentado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
Marco diplomático y dispute de soberanía
El reclamo argentino se apoya en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente la controversia de soberanía.
En contraposición, el Reino Unido desconoce la jurisdicción argentina sobre el área y argumenta que Buenos Aires no puede aplicar su legislación sobre las empresas operadoras, al tiempo que defiende el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar los recursos naturales.
