Excombatientes intiman al Gobierno para denunciar la vía marítima entre Chile y Malvinas

Tensión por la soberanía en el Atlántico Sur. Se presentó una carta documento al canciller Pablo Quirno exigiendo medidas inmediatas ante la apertura de una nueva vía marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas. La organización solicita sanciones contra empresas logísticas y una denuncia formal ante organismos internacionales.
jueves 10 de septiembre de 2026

El Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) intimó este 9 de septiembre al canciller Pablo Quirno para que denuncie la nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas, otorgando un plazo de 72 horas para aplicar sanciones diplomáticas.

Exigencia de medidas soberanas

La organización presentó una carta documento fundamentada en la Ley 26.659 y el Decreto 868/2026, normativas que facultan al Ministerio de Relaciones Exteriores a sancionar actividades no autorizadas en la plataforma continental argentina. El reclamo surge tras el anuncio del intendente chileno Claudio Radonich sobre el inicio de operaciones logísticas para el próximo mes de noviembre, lo que ha encendido las alarmas en los sectores que defienden la soberanía nacional.

Acciones contra empresas y puertos

El escrito solicita formalmente la apertura de expedientes sancionatorios contra las firmas Easter Island NavieraEaster Island Logistics y Falkland Islands Development Corporation. Además, el CECIM demandó prohibir el uso de puertos nacionales para el abastecimiento de esta cadena logística. "La puesta en marcha de estas herramientas de protección soberana constituye un deber legal ineludible del Estado y no una decisión de carácter facultativo", señalaron desde la agrupación al justificar la urgencia de su pedido.

Proyección internacional del conflicto

En el plano diplomático, los excombatientes instaron a la Cancillería a elevar la denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de Descolonización, la CELAC y el MERCOSUR. Asimismo, exigieron que se instruya a la embajada argentina en Chile para presentar una protesta formal ante el gobierno trasandino y una manifestación diplomática ante el Reino Unido, buscando frenar el avance de esta conexión que afecta directamente los intereses argentinos en el Atlántico Sur.