Fallo judicial frena por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires

La Justicia bonaerense suspendió este lunes la aplicación de la Ley 27.801 por un plazo de 60 días, tras un fallo de la jueza Marta Elba Pascual que advierte sobre la falta de infraestructura adecuada para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil.
lunes 07 de septiembre de 2026
La Justicia suspendió por 60 días la aplicación de la baja en la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires.
La Justicia suspendió por 60 días la aplicación de la baja en la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires.

La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tomó esta decisión tras un habeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Según el fallo, la normativa que incorpora a adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal no cuenta con las garantías materiales ni profesionales necesarias, lo que podría derivar en una "lesión grave, actual o inminente de derechos fundamentales".

El impacto en los centros de detención

El documento judicial pone el foco en la capacidad de los establecimientos, tomando como referencia el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora. Aunque se reconocieron mejoras en servicios básicos, la jueza señaló que persisten deficiencias críticas en el acceso a la educación, formación profesional y la reducción de los períodos de aislamiento. "El hacinamiento y la falta de condiciones adecuadas pueden incrementar los niveles de violencia con los que los jóvenes regresan a la sociedad", advirtió Pascual al vincular directamente las condiciones de encierro con la seguridad pública.

 

 

Audiencia clave para el Ejecutivo

Ante este escenario, la Justicia ordenó a los ministerios de Seguridad y Justicia, junto al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, presentar un plan de acción concreto. La audiencia fue fijada para el próximo 16 de septiembre a las 10:00, donde las autoridades deberán informar sobre las medidas adoptadas y los plazos previstos para adecuar los dispositivos de detención a los estándares internacionales exigidos.

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