Revocan la suspensión de juicio a prueba a un acusado de violencia familiar en Comodoro

En el marco de una causa por violencia familiar, el juez penal de ejecución Jorge Odorisio resolvió revocar la suspensión de juicio a prueba concedida a G. A. M. tras confirmarse el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas. La resolución judicial se concretó este lunes en Comodoro Rivadavia durante una audiencia de incidente de ejecución.
lunes 31 de agosto de 2026

La medida fue solicitada por Patricia Cardoso, abogada de fiscalía del Área de Ejecución Penal del Ministerio Público Fiscal, quien expuso que el imputado gozaba del beneficio desde octubre de 2025 por el término de un año. Sin embargo, durante ese período la víctima formuló una nueva denuncia, evidenciando un grave incumplimiento de la prohibición de acercamiento y contacto previamente establecida para resguardar su integridad.

Por su parte, el abogado Julián Pulgar, representante de la Defensa Pública, argumentó que al no haberse realizado aún la audiencia de apertura de investigación por el nuevo hecho, debía prevalecer el principio de inocencia. En ese sentido, solicitó que no se hiciera lugar a la revocación y que únicamente se intimara al acusado a cumplir las pautas dictadas, aportando además un nuevo domicilio de su asistido.

Al resolver la controversia, el magistrado dispuso la revocación de la probation y fijó nuevas medidas cautelares para resguardar a la víctima.

Entre las restricciones dictadas, ordenó ampliar la prohibición de acercamiento a un radio no menor a 200 metros, la prohibición de salida de la ciudad y del país, la presentación diaria del imputado ante la dependencia policial más cercana y la realización de rondines policiales discontinuos en las inmediaciones de su domicilio. Asimismo, solicitó la provisión de un dispositivo electrónico con botón de pánico para la persona afectada.

Cabe señalar que la identificación del imputado mediante iniciales responde al protocolo institucional del Ministerio Público Fiscal para causas de violencia familiar o delitos de índole sexual, con el objetivo de evitar la revictimización y resguardar la intimidad de la persona afectada ante una eventual identificación indirecta