Los testimonios incorporados al expediente indican que a algunas de esas personas les ofrecían $80.000 a cambio de sus datos, fotografías y un "escaneo del ojo". Con esa información se habrían abierto cuentas en billeteras virtuales como Ualá, Mercado Pago y PayPal.
La acusación sostiene que esas cuentas se usaban para recibir y dispersar dinero. En una de las operatorias reconstruidas, los movimientos superaron los $172 millones.
La fiscalía también investiga si parte de esos fondos terminaba en un casino online clandestino, donde el dinero habría sido convertido en créditos de juego y luego reingresado al circuito formal como supuestas ganancias.
La ruta de los $27.000 millones
En el tramo financiero de la causa aparece Ignacio Leonel Marchioni, también imputado en la investigación sobre Sur Finanzas.
Un informe del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal registró en su operatoria con HAZ PAGOS créditos por $13.574 millones y débitos por una cifra prácticamente idéntica. El flujo bruto superó así los $27.149 millones.
Marchioni también tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes en la causa federal sobre Sur Finanzas, cuyo dueño es Maximiliano Vallejo y que quedó bajo investigación por sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Otro informe le atribuyó movimientos por alrededor de $87.000 millones mediante billeteras vinculadas con Sur Finanzas PSP S.A. y QBIT Capitals, pese a que durante 2024 habría declarado ingresos inferiores a $5 millones como monotributista categoría D.
La Justicia todavía no determinó si ambas investigaciones forman parte de un mismo circuito. Por ahora, el punto de contacto es Marchioni, cuya operatoria financiera aparece bajo análisis en los dos expedientes.
Por qué seguirá detenida
La defensa de Mangini cuestionó el procedimiento porque, cuando la Policía llegó a su domicilio el 13 de agosto, la orden de detención no podía consultarse en el expediente electrónico.
La Cámara rechazó ese argumento. La resolución, señaló, había sido dictada el día anterior y la falta de acceso inmediato al documento no implicaba que la orden no existiera.
"La primera circunstancia podría comprometer seriamente la legalidad de la privación de libertad; la segunda, en cambio, no transforma en inexistente un acto jurisdiccional", sostuvo el tribunal.
Los jueces también tuvieron en cuenta el contacto que Mangini mantenía con personas en situación de vulnerabilidad, ya que ese vínculo ocupa un lugar central en la hipótesis sobre cómo se conseguían las identidades utilizadas para abrir las cuentas.
Lacki también imputó a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni por estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
Crispo rechazó, sin embargo, detener a Campoli Sillero, Taubenschlag y Scigliano porque consideró que todavía no había elementos suficientes. La investigación continúa sobre teléfonos, cuentas, transferencias y documentación secuestrada para reconstruir el recorrido del dinero y el papel de cada acusado.
Con información de BAE Negocios.
