Tras la apelación del Gobierno, las universidades convocan a movilizarse

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo y afirmó que el Gobierno busca dilatar la vigencia de una norma ratificada por el Poder Legislativo. "El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo", sentenció el dirigente, subrayando que la Justicia ya había declarado la constitucionalidad de la ley.

Desde la administración nacional argumentan que la norma carece de partidas presupuestarias explícitas, una postura que Cagnacci rechazó al señalar que la Jefatura de Gabinete cuenta con facultades para reasignar recursos.

Según el gremialista, el problema central radica en las prioridades de gestión, asegurando que "plata hay", pero que el Ejecutivo elige no destinarla al sistema educativo.

Incumplimiento salarial y crisis presupuestaria

El conflicto también se alimenta por la falta de cumplimiento del acuerdo paritario firmado el 10 de junio, que contemplaba una recomposición salarial del 24,3% y un incremento del 20% para gastos de funcionamiento.

Actualmente, un docente con diez años de antigüedad en la UBA percibe menos de $500.000 netos, mientras que la beca Progresar se mantiene en $35.000, un monto calificado como insuficiente para sostener a los estudiantes.

El dirigente advirtió que el proyecto presupuestario oficial destina apenas un 0,53% del PBI a las universidades, el nivel más bajo desde 2001. En este contexto, la comunidad educativa se prepara para una jornada de protesta nacional, donde rectores y federaciones gremiales sesionarán en Plaza de Mayo antes de marchar hacia el Congreso Nacional el 15 de octubre a las 13.30 horas.