Trump firma órdenes ejecutivas para restringir el turismo de nacimiento en Estados Unidos

Donald Trump firmó nuevas órdenes ejecutivas para restringir el "turismo de nacimiento" y la ciudadanía automática. El gobierno busca limitar el acceso a beneficios sociales para hijos de extranjeros nacidos en territorio estadounidense.
viernes 07 de agosto de 2026
Donald Trump firmó órdenes ejecutivas contra el “turismo de nacimiento”
Donald Trump firmó órdenes ejecutivas contra el “turismo de nacimiento”

El presidente Donald Trump firmó este jueves dos órdenes ejecutivas en la Oficina Oval destinadas a restringir el "turismo de maternidad" y limitar la ciudadanía por nacimiento, desafiando un fallo previo de la Corte Suprema de Justicia.

Las medidas buscan frenar la práctica de ciudadanos extranjeros que ingresan a Estados Unidos bajo apariencia de turistas con el objetivo principal de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense al nacer.

Según explicó Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, el sistema actual permitía que personas accedieran a beneficios sociales y derechos exclusivos de los estadounidenses tras abandonar el país con sus hijos recién nacidos.

"Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema con respecto al derecho de nacimiento. Así que estamos haciendo ajustes", declaró Trump durante la firma de los instrumentos. La administración sostiene que estas acciones se basan en "medios legalmente validados" que no contravienen la 14.ª Enmienda, la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.

Impacto en las visas y el marco legal

La estrategia del Ejecutivo incluye la denegación de visas y una aplicación más estricta de la ley contra las operaciones comerciales de turismo de maternidad. Will Scharf, secretario del personal de la Casa Blanca, enfatizó que el enfoque está dirigido a desmantelar estas redes organizadas, mientras que el propio Trump se mostró confiado en que las nuevas órdenes superarán los previsibles desafíos judiciales.

Este movimiento surge tras el fallo de la Corte Suprema, que en 2025 determinó por 6 votos contra 3 que los intentos previos de la administración para restringir este derecho eran ilegales. La controversia se mantiene en el centro del debate político, mientras el gobierno busca redefinir los límites de la jurisdicción sobre la ciudadanía en el país.