El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras para destrabar su aprobación en el Senado
El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras para intentar conseguir los votos que necesita en el Senado y evitar una nueva derrota legislativa. La nueva versión mantiene restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y establece un límite del 25% de la superficie de cada provincia, en lugar de eliminar por completo los controles como proponía el texto original.
"Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto", afirmó Bullrich al presentar las modificaciones.
El oficialismo busca con estos cambios acercar posiciones con sectores de la oposición dialoguista que habían expresado reparos ante la eliminación de las restricciones vigentes para la compra de tierras productivas por parte de capitales extranjeros.
El principal cambio está en el artículo 25 del proyecto. La redacción original eliminaba el tope vigente del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales. El nuevo dictamen establece que las personas humanas o jurídicas extranjeras no podrán adquirir más del 25% del territorio de cada provincia.
Bullrich justificó la modificación al señalar que el porcentaje se tomó como referencia del esquema vigente en Brasil. "Pusimos 25% porque Brasil tiene un 25%, en acuerdo y por pedido de nuestros aliados pusimos un límite que nos parece razonable", explicó.
Además, el texto establece que toda adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros deberá quedar registrada en los registros inmobiliarios provinciales con los datos y la nacionalidad del comprador.
La iniciativa también fija controles adicionales para personas jurídicas, agrupaciones empresarias y estructuras asociativas con participación estatal directa o indirecta, que deberán contar con autorización conjunta de la Nación y las provincias.
Un intento para conseguir los votos
Las modificaciones responden a la falta de consenso que había generado el proyecto original, especialmente entre senadores provinciales y algunos sectores del radicalismo.
La votación prevista para este jueves aparece todavía abierta y tanto el oficialismo como la oposición reconocen que el resultado podría definirse por pocos votos.
La Libertad Avanza calcula contar con entre 38 y 40 apoyos, aunque otras estimaciones parlamentarias ubican la disputa en un escenario mucho más ajustado, con bloques que se atribuyen entre 34 y 35 votos.
Entre los nombres que podrían resultar determinantes aparecen los senadores de Misiones, la radical chubutense Edith Terenzi y la exsecretaria de Energía Flavia Royón, quien todavía no confirmó su postura.
También será clave la situación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien cursa la semana 32 de embarazo y solicitó autorización para participar de manera remota de la sesión por una indicación médica que le impide viajar a Buenos Aires.
La vicepresidenta Victoria Villarruel deberá definir si habilita esa modalidad de votación, una decisión que podría modificar el equilibrio dentro del recinto.
El rechazo del peronismo
El interbloque peronista confirmó que votará en contra del proyecto y endureció su discurso contra la iniciativa.
El jefe del bloque, José Mayans, sostuvo que la discusión excede la cuestión económica y planteó que está en juego la soberanía territorial.
"Sin territorio no hay país", afirmó el senador, quien cuestionó tanto el porcentaje permitido como la posibilidad de que grandes empresas concentren tierras productivas y recursos estratégicos.
Desde la oposición también cuestionaron que el nuevo límite se aplique por provincia y no mantenga los controles actuales sobre departamentos o municipios. Según sus críticas, esa modificación podría permitir una mayor concentración extranjera en determinadas regiones.
Otros cambios del proyecto
La modificación a la Ley de Tierras forma parte de un paquete denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye cambios en la normativa sobre expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
En materia de expropiaciones, el nuevo dictamen incorpora que la declaración de utilidad pública deberá tener una interpretación restrictiva y que la medida deberá ser "idónea, necesaria y proporcional" para cumplir con el objetivo planteado.
El oficialismo confía en que las modificaciones alcanzarán para destrabar el tratamiento de una iniciativa que ya fue postergada en varias oportunidades por la falta de acuerdos. La oposición, en cambio, sostiene que el proyecto mantiene riesgos sobre la soberanía territorial y prepara una movilización frente al Congreso para el día de la sesión.
Con información de BAE Negocios - Grupo Crónica.
