Paro en todos los puertos del país por un decreto de Milei y Sturzenegger

La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a través del Decreto 690/2026, ha provocado un lock-out de prácticos, pilotos y baqueanos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Este freno operativo impacta directamente en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas críticas que concentran cerca del 80% de los embarques nacionales. Aunque no se trata de un paro gremial tradicional, dado que los prácticos son profesionales independientes, la falta de prestación de servicios ha dejado a numerosos buques de gran calado fondeados en rada, especialmente en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.

Argumentos del Gobierno y respuesta del sector

El Ejecutivo sostiene que la normativa busca eliminar "barreras de entrada" y reducir costos operativos al permitir la contratación directa y habilitar a capitanes con experiencia a navegar sin práctico obligatorio. Sin embargo, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la medida de "abusiva e inconstitucional".

La entidad anunció que presentará una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, argumentando que la desregulación pone en riesgo la seguridad de la navegación. "La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", había manifestado Sturzenegger al defender la reforma.

Intimaciones y excepciones en el conflicto

Ante la parálisis, la Prefectura Naval Argentina comenzó a enviar cédulas de "intimación perentoria" a los profesionales, exigiendo la prestación del servicio bajo apercibimiento de ley, al considerar al practicaje como un servicio público esencial.

Pese a la presión administrativa, el sector mantiene la medida de fuerza, aunque con excepciones estratégicas. Según fuentes del sector, los prácticos continúan operando buques petroleros y gaseros para evitar riesgos ambientales y garantizar el abastecimiento de combustibles y gas en el mercado interno, manteniendo así un canal mínimo de seguridad operativa mientras el conflicto escala en los tribunales.