La justicia frenó el proyecto productivo de carne de burro y el productor pide respuestas

La viabilidad comercial del proyecto agropecuario orientado al faenamiento y venta de carne de burro en el valle chubutense ingresó en una etapa de parálisis administrativa por disposición de las autoridades provinciales. 

El Ministerio de la Producción interrumpió la emisión de las autorizaciones finales indispensables para el funcionamiento del establecimiento rural debido a una actuación iniciada de oficio por la justicia de Rawson.

Esta interferencia judicial interrumpe un proceso que ya había completado sus fases de prueba piloto y degustación pública con resultados comerciales favorables en la zona y a nivel nacional. El titular del emprendimiento, Julio Cittadini, manifestó a Crónica que las actuaciones de la Fiscalía Ambiental carecen de sustento material y técnico para bloquear el avance de los expedientes.

"En este momento los que tienen parado el expediente administrativo son los del Ministerio de la Producción, y al no existir después de tres meses ninguna acusación de Fiscalía no hay ningún motivo para que provincia congelé el expediente. Además, en forma simultánea se anuncia que hay consenso político para sacar adelante la faena y consumo del guanaco que es muchísimo más delicado por ser fauna autoctona. No tiene el menor sentido congelar el expediente de Burros Patagones por tratarse de una explotación privada y un animal doméstico perfectamente controlado. Este proyecto lo replican otros productores de la meseta y resolvería en buena medida el éxodo y abandono de campos que hoy suma más de 500.000 hectáreas", puntualizó Cittadini.

Respuesta jurídica por parte de la defensa del productor

La parálisis de los expedientes administrativos motivó una respuesta jurídica directa por parte de la defensa del productor agropecuario para intentar destrabar la comercialización en las bocas de expendio de Trelew. Cittadini confirmó que formalizó la recusación de la fiscal de Rawson, Florencia Gómez, con el objetivo de apartarla de la dirección de la causa. El ganadero fundamentó la presentación judicial bajo el argumento de una presunta falta de objetividad y jurisdicción territorial para intervenir en su propiedad rural.

Cabe mencionar que la estrategia de los asesores letrados del establecimiento busca que el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, tome intervención directa en el legajo para desactivar el freno operativo que afecta a la firma. El productor calificó la investigación como una medida desmedida y aseguró que existe un trasfondo de enemistad manifiesta derivado de actuaciones públicas anteriores. La defensa técnica aguarda la resolución de los estamentos superiores de la procuración para determinar si el caso es reasignado a otra circunscripción judicial.

De donde viene la enemistad

El origen de la tirantez se remonta a una denuncia penal por ecocidio radicada por el propio Cittadini hace más de un año, la cual involucraba de forma indirecta a las dependencias fiscales actuantes. El ganadero posee un predio rural lindero al campo de la familia La Regina, a unos 7 kilómetros del centro de Punta Tombo, un área geográfica marcada por litigios ambientales de alta exposición pública. En consecuencia el ganadero asoció la actual investigación sobre las condiciones de su rodeo con las críticas que vertió públicamente durante su participación como testigo en las audiencias por la matanza de pingüinos en la zona. En sus declaraciones, el productor recordó haber calificado aquel proceso como “el circo de los pingüinos”, situación que habría generado resentimiento en los equipos de investigación de la fiscalía. Esta vinculación geográfica y de antecedentes fundamenta el pedido de apartamiento presentado por la vía legal el pasado 12 de mayo.

Falta de comunicación

La paradoja central que rodea al expediente penal radica en la falta de comunicación formal hacia el principal responsable del proyecto productivo que se encuentra bajo análisis. Transcurridos varios días desde el anuncio público de las actuaciones, el ganadero señaló que no recibió ninguna cédula de notificación ni fue convocado a prestar declaración informativa. La falta de acceso a las piezas del legajo impide conocer si la imputación original se orienta hacia presuntas infracciones de maltrato animal o anomalías de tipo ambiental.

Ante la falta de precisiones por los canales oficiales, los responsables del proyecto "Burro Patagones" recurrieron a la presentación de la recusación como una vía para forzar la apertura de las pruebas documentales de la fiscalía. Cittadini remarcó su disposición a comparecer ante los tribunales al afirmar: “solicito que se me convoque para saber de qué se trata todo esto y poder brindar todas las explicaciones que sean necesarias porque realmente no tenemos absolutamente nada que esconder”, concluyó.