Legisladores bonaerenses impulsan arancelar salud y educación a extranjeros
Legisladores de La Libertad Avanza y el PRO presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense para arancelar la salud pública y las universidades estatales a extranjeros sin residencia permanente en la provincia de Buenos Aires.
Los impulsores de la medida sostienen que los recursos provinciales son limitados y deben priorizar a los contribuyentes locales. Según el texto, "la salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes", argumentando que la gratuidad indiscriminada perjudica a quienes dependen diariamente de estos servicios.
El diputado Agustín Romo, uno de los principales promotores, justificó la presentación señalando que no resulta equitativo que personas sin compromiso permanente con el país utilicen servicios gratuitos sin contribuir a su sostenimiento.
Implementación en el sistema sanitario
El proyecto propone utilizar el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.) para gestionar el cobro a extranjeros que no acrediten residencia permanente. La recaudación se destinaría exclusivamente a la compra de insumos, equipamiento y mejoras de infraestructura hospitalaria. No obstante, la normativa establece excepciones críticas: las urgencias con riesgo de vida serán atendidas sin restricciones, y se mantendrá la gratuidad en acciones de prevención, vacunación y control de enfermedades transmisibles por razones de salud pública.
Alcance en el ámbito universitario
En cuanto a la educación superior, la propuesta obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar aranceles para los estudiantes extranjeros sin residencia. Cada institución tendrá autonomía para definir los montos y modalidades de pago.
Los fundamentos subrayan que la provincia no puede financiar la formación de personas sin residencia permanente mientras existen estudiantes bonaerenses que requieren mayores inversiones en becas, tecnología y mejores condiciones edilicias para su formación académica.
Transparencia y aplicación
La iniciativa incluye una cláusula de transparencia que obliga a publicar anualmente los montos facturados, las exenciones otorgadas y el destino de los fondos recaudados.
De aprobarse, el Poder Ejecutivo contaría con un plazo de 90 días corridos para reglamentar la ley y establecer los nomencladores arancelarios, invitando además a los municipios bonaerenses a adherirse al nuevo régimen de cobro.
