Ciberestafas en Puerto Madryn: Dictan tres meses de prisión preventiva para tres imputados
La resolución de la magistrada incluyó la declaración del caso como complejo y otorgó un plazo de un año para el desarrollo de la investigación.
La hipótesis presentada por los fiscales generales Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez sostiene que los involucrados formaban parte de una organización que utilizaba una academia de negocios como fachada. A través de esta estructura, captaban a damnificados mediante falsas propuestas de capacitación e inversión financiera, induciéndolos a transferir fondos bajo promesas de ganancias extraordinarias.
Según la fiscalía, la red creó diversas sociedades comerciales y cuentas digitales para canalizar el dinero, detectándose hasta el momento un perjuicio económico que asciende a los 90 millones de pesos. En la investigación se identificó que una de las empresas utilizadas se encontraba a nombre de una persona en situación de calle.
El caso posee alcance federal, por lo cual participaron de la audiencia de manera virtual fiscales de distintas provincias argentinas donde se encuentran acreditadas otras víctimas bajo la misma modalidad y con las mismas empresas receptoras. Esta articulación entre jurisdicciones se realiza bajo los lineamientos de la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia.
Las detenciones se concretaron el pasado sábado mediante un operativo simultáneo en diez domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se secuestraron 19 teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento y 7.400 dólares en efectivo. Las diligencias complementan un procedimiento iniciado el 28 de abril a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn.
Durante el acto judicial, el defensor particular de Hazarabedian, Osvaldo Heiber, no planteó oposición a la apertura de la investigación pero rechazó la prisión preventiva. El letrado argumentó que su asistido tiene 64 años, padece problemas de salud, posee matrícula de contador y carece de antecedentes penales, solicitando en su lugar la prisión domiciliaria.
A su vez, la defensora pública Martensen, representante de los hermanos Germino, se opuso a la medida de coerción manifestando la inexistencia de peligros procesales.
Finalmente, la jueza Hernández convalidó el pedido fiscal al determinar que existen riesgos de entorpecimiento y fuga, evaluando los medios económicos de los imputados y la complejidad de la causa. Asimismo, la magistrada ordenó una revisión médica para los tres detenidos, luego de que estos manifestaran haber sufrido irregularidades y falta de comunicación durante su alojamiento previo al traslado terrestre hacia la provincia de Chubut.
