Caso Ángel: Denuncian penalmente a Jennifer Leiva por informe falso y abandono de persona seguido de muerte
La presentación judicial con la firma del abogado Castillo apunta contra la Licenciada Jennifer Grisel Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD). Solicitan su suspensión inmediata, el secuestro de su legajo y la prohibición de salida del país tras un presunto accionar negligente que habría derivado en un desenlace fatal.
En una presentación que sacude el ámbito judicial y administrativo de Comodoro Rivadavia, se ha interpuesto una denuncia penal formal contra la Licenciada Jennifer Grisel Leiva.
La acusación es grave y múltiple dado que se le atribuyen los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad en informes periciales y, el cargo más severo, abandono de persona seguido de muerte.
La denuncia no solo busca determinar la responsabilidad penal de Leiva, sino que exige medidas cautelares urgentes para evitar el entorpecimiento de la causa y proteger otros procesos en curso.
Los puntos principales del petitorio incluyen la acumulación de causas, suspensión y medidas Cautelares. El denunciante pide la suspensión preventiva de la Licenciada en sus funciones dentro del Servicio de Protección de Derechos (SPD) y la prohibición de salida del país mientras se resuelva su situación procesal.
También se solicita el secuestro de documentación con el secuestro urgente de su legajo personal y profesional en el SPD, el Colegio de Psicólogos de Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, abarcando todos sus informes técnicos de los últimos dos años.
Bajo la lupa: Revinculaciones familiares
Un aspecto central del pedido radica en el Sexto Punto, donde se solicita la reserva y prohibición de modificar expedientes de revinculación familiar que actualmente se encuentran bajo la órbita del equipo técnico integrado por la denunciada. Esto sugiere una sospecha sobre la sistematicidad de las conductas denunciadas en casos de alta vulnerabilidad.
La querella ha solicitado además la designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar el trabajo de Leiva y la recepción de testimoniales clave. Ahora, la justicia deberá resolver si da lugar al traslado al Juez de Garantías para hacer efectivas las medidas de urgencia solicitadas, en un caso que pone bajo el reflector la idoneidad y el control de los peritos en el sistema de protección estatal.
