Medida cautelar
El Gobierno recurre a la Corte Suprema para bloquear la Ley de Financiamiento Universitario
El Poder Ejecutivo nacional elevó un recurso extraordinario federal ante el máximo tribunal de Justicia del país para detener la implementación de puntos neurálgicos de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta legislación, que fue ratificada por el Congreso de la Nación tras un veto del presidente, es catalogada por la administración central como de "imposible cumplimiento" debido a la inexistencia de fondos para afrontarla.
La gestión judicial fue encabezada por la Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Sebastián Amerio. El escrito apunta específicamente a dejar sin efecto los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, los cuales establecen la recomposición salarial para el personal docente y no docente de las casas de altos estudios, además de fijar pautas de actualización y el llamado a negociaciones paritarias.
Esta acción legal surge como respuesta a la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificó una medida cautelar innovativa. Dicho fallo judicial ordenó la vigencia de la ley y anuló el primer artículo del Decreto 759/2025, herramienta con la cual el oficialismo pretendía mantener la norma en suspenso hasta que el Poder Legislativo señalara una fuente de financiamiento concreta.
En los pasillos de la Casa Rosada admiten que la resolución judicial coloca al Gobierno ante una encrucijada: realizar transferencias que pondrían en jaque la estabilidad fiscal o profundizar la disputa en la Corte Suprema para neutralizar las consecuencias de la medida.
Los argumentos oficiales: falta de fondos e intromisión judicial
En su presentación, el Ejecutivo reafirmó la postura que mantiene desde el origen de la ley: la normativa 27.795 fuerza al Estado a ejecutar erogaciones sin detallar el origen de las partidas, lo que a su criterio transgrede las normas de gestión presupuestaria.
Desde la sede de Gobierno resaltan que la participación de la Corte Suprema es imperativa al tratarse de una "cuestión federal". Asimismo, consideran que la cautelar tiene un alcance similar al de una sentencia definitiva. El oficialismo advirtió que el fallo genera un "grave e irreparable perjuicio al Estado", al imponer gastos sin respaldo presupuestario, lo que atentaría contra el superávit fiscal, eje central de su plan económico.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo sostiene que el Poder Judicial se ha extralimitado en sus competencias al disponer la aplicación de los artículos mencionados. Según la visión oficial, la determinación y ejecución del gasto público es una tarea exclusiva de los poderes Legislativo y Ejecutivo. "En ningún momento se previó dónde obtener esas partidas", señalaron voceros gubernamentales, añadiendo que durante el debate del Presupuesto 2026 los defensores de la ley podrían haber establecido las partidas presupuestarias y no lo hicieron.
El recorrido de la ley entre el veto y la ratificación
La controversia por la Ley de Financiamiento Universitario se remonta al año 2025. El Congreso sancionó una norma que preveía mejoras salariales para los trabajadores universitarios, además de fondos para el funcionamiento institucional y becas.
El proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados el 6 de agosto de 2025 y fue ratificado en el Senado el 21 de agosto. Posteriormente, el presidente Javier Milei aplicó un veto total a través del Decreto 647/2025 el 10 de septiembre.
No obstante, el Poder Legislativo utilizó el mecanismo del artículo 83 de la Constitución Nacional para insistir con el texto original. La Cámara Baja lo hizo el 17 de septiembre y la Cámara Alta el 2 de octubre, dejando la ley sancionada definitivamente a pesar de la negativa presidencial. Esto obligó formalmente al Ejecutivo a su cumplimiento, aunque este intentó neutralizarla mediante vías administrativas.
El decreto de suspensión y el revés en los tribunales
La Casa Rosada fundamentó su accionar en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que demanda previsión de fondos para leyes que impliquen gastos. Al promulgar la norma, el Gobierno incluyó un decreto reglamentario que congeló su aplicación.
El Decreto 759/2025, del 21 de octubre de 2025, estipuló que la ley no se ejecutaría hasta que el Congreso asignara las fuentes de financiamiento. Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades recurrieron a la justicia solicitando la inconstitucionalidad del decreto.
El 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 emitió la cautelar para aplicar la ley, declarando inaplicable el decreto oficial. Tras la apelación del Estado, la Sala III de la Cámara confirmó la sentencia el 31 de marzo de 2026, argumentando que la insistencia parlamentaria concluyó el proceso legislativo y el Ejecutivo no posee facultades para bloquearla.
Preocupación por el impacto en las cuentas públicas
Fuentes de la gestión actual indican que, de no obtener un efecto suspensivo por parte de la Corte, deberían iniciar transferencias por un monto cercano a los $2,5 billones de forma inminente. El Gobierno afirma que no dispone de ese dinero sin romper el equilibrio fiscal, lo que obligaría a retornar al déficit, situación que Milei intenta evitar.
Señalaron además que la responsabilidad de reasignar estas partidas recaería sobre la Jefatura de Gabinete. Este punto suma tensión política, ya que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un desgaste por procesos judiciales y críticas internas. El oficialismo especula con que la Corte Suprema podría dilatar el tratamiento del caso por tratarse de una medida de carácter cautelar.
Deterioro salarial y medidas de fuerza
La problemática ha trascendido las fronteras, con cobertura de medios como El País y Reuters. Según informes del CIN, el poder adquisitivo de los salarios universitarios cayó más de un 32% frente a la inflación desde el inicio del mandato de Milei. Asimismo, las partidas destinadas a las universidades sufrieron un recorte real del 45,6% entre 2023 y 2026.
El reporte detalla que más del 60% de los docentes percibe menos de $500.000 mensuales, lo que ha derivado en renuncias y fuga de profesionales al ámbito privado. Los gremios exigen un incremento de entre el 45% y el 50%.
En este marco, se han multiplicado las protestas. La Facultad de Odontología de la UBA realizó un "paro a la japonesa" con atención gratuita en Plaza Houssay. Por su parte, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) programó clases públicas ante la Casa Rosada y una feria de ciencias en Plaza de Mayo junto a integrantes del Conicet.
El análisis de consultoras y el futuro judicial
Un estudio de la consultora PwC estimó que el costo de la ley ronda el 0,23% del PBI, cifra coincidente con los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. PwC también advirtió que otras leyes, como la reforma laboral y la Emergencia en Discapacidad, podrían elevar el impacto fiscal total al 0,75% del PBI.
Mientras el recurso extraordinario sigue su curso, la causa de fondo avanza en el juzgado de Martín Cormick. Allí se definirá la obligación definitiva del Estado y los posibles pagos retroactivos. El Gobierno teme que una sentencia adversa genere un precedente para otros sectores. Como alternativa, el oficialismo evalúa proponer una modificación legislativa en el Congreso para atenuar el impacto económico de la norma.
Con información de BAE Negocios.
