La Justicia ordenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán emitieron el fallo que obliga al Estado a dar cumplimiento a la normativa sancionada por el Congreso Nacional. La presentación judicial inicial fue realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional ante los tribunales federales para garantizar los fondos operativos.
La resolución ratifica la ejecución obligatoria de los artículos 5° y 6° de la ley vigente. Estos puntos específicos disponen la actualización salarial para el personal docente y no docente de todas las instituciones de educación superior del país.
Asimismo, la medida judicial alcanza la recomposición de becas destinadas a los estudiantes. La normativa busca asegurar la sostenibilidad del sistema educativo frente al actual contexto económico y garantizar el acceso a la formación profesional.
El proyecto de ley fue aprobado originalmente por el Poder Legislativo y posteriormente vetado por la administración central. Los fundamentos del veto se basaron en la premisa de resguardar el equilibrio fiscal y la supuesta falta de partidas presupuestarias identificadas.
Tras la insistencia de ambas cámaras del Congreso para ratificar la norma, el Gobierno nacional había suspendido su aplicación efectiva. El argumento oficial señalaba que los legisladores no especificaron el origen de los recursos para solventar las erogaciones previstas.
Con este revés judicial para el Ejecutivo, el Estado Nacional debe proceder a la liquidación de los fondos correspondientes al sistema universitario. El fallo establece que la falta de especificación presupuestaria no exime el cumplimiento de una ley ratificada por el Poder Legislativo.
La decisión tiene impacto directo en la planificación de las universidades públicas nacionales. La Justicia determinó que la administración central debe arbitrar los medios necesarios para la recomposición salarial y el fortalecimiento de los programas de ayuda estudiantil.
