Conflicto por un tramo asfaltado en Sierra Colorada: aclaran que es un proyecto inconcluso y sin jurisdicción provincial
Un tramo asfaltado en la zona de Sierra Colorada, en el empalme con la Ruta Provincial N° 12, quedó en el centro de la polémica tras la instalación de un pórtico que impide la circulación.
Sin embargo, desde el área de Vialidad salieron a aclarar la situación: se trata de una obra inconclusa que nunca fue incorporada formalmente a la red vial, por lo que el terreno continúa siendo propiedad privada.
Una obra que nunca se terminó
Según se informó, el proyecto fue ejecutado entre los años 2005 y 2009, pero no completó el proceso legal necesario para su regularización.
Esto implicaba avanzar con la expropiación de tierras o su cesión al Estado, algo que nunca se concretó. Como consecuencia, el tramo quedó fuera de la órbita pública.
Desde el organismo remarcaron que “la traza corresponde a una obra que no fue finalizada ni regularizada desde el punto de vista legal”, lo que explica la situación actual.
Sin jurisdicción provincial
En medio de versiones cruzadas, también se descartó que el camino forme parte de una ruta nacional o provincial.
Las autoridades indicaron que, al no haberse completado el proceso de cesión, el Estado no tiene jurisdicción sobre ese sector.
Esto significa que cualquier intervención sobre ese tramo no puede ser ejecutada por organismos provinciales.
Propiedad privada y reclamo vigente
Otro de los puntos que generó confusión fue la titularidad del terreno. Según se precisó, no se trata de un ciudadano extranjero, sino de un productor local que acreditó la propiedad del lugar.
El propietario ya había advertido que la presencia del asfalto inconcluso generaba confusión entre los visitantes y afectaba la privacidad del predio.
Actualmente, el reclamo es sostenido por sus herederos, quienes continúan con gestiones vinculadas a la regularización dominial.
El pórtico y el origen del conflicto
En este contexto, la instalación del pórtico responde a la delimitación de una propiedad privada, en un sector donde una obra pública quedó sin encuadre legal definitivo.
El caso volvió a poner en discusión situaciones vinculadas a proyectos de infraestructura que no se completaron y que, con el paso del tiempo, derivan en conflictos de uso y circulación.
