Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF

El Departamento de Justicia presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en apoyo a un pedido del Estado argentino para suspender la etapa de discovery del proceso. Consideró que las exigencias de los demandantes son “excesivamente intrusivas” y pueden generar conflictos diplomáticos.
sábado 14 de marzo de 2026

El gobierno de Estados Unidos volvió a respaldar la posición de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, que se tramita en los tribunales federales de Nueva York.

El apoyo se formalizó a través de un memorándum presentado por el Departamento de Justicia estadounidense ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en respaldo de la moción de emergencia que el Estado argentino presentó para suspender la etapa de discovery posterior a la sentencia.

La información fue confirmada por la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo encargado de la defensa jurídica del país en el exterior y que actualmente conduce Sebastián Amerio.

Qué pide la Argentina en el juicio

En su presentación del 6 de marzo, el Estado argentino solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos, conocida en el sistema judicial estadounidense como discovery, además del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

Esta fase del proceso implica que las partes deben entregar documentación e información que pueda resultar relevante para la ejecución del fallo, algo que en este caso generó tensiones por el tipo de datos solicitados.

Según el gobierno argentino, los pedidos de los demandantes exceden los límites razonables y afectan información vinculada al funcionamiento del Estado.

El argumento del gobierno de Estados Unidos

En su documento, el Departamento de Justicia sostuvo que las solicitudes de información realizadas por los demandantes resultan “excesivamente intrusivas” y pueden afectar principios básicos del derecho internacional.

El texto advierte que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la puerta a medidas similares contra Estados Unidos en tribunales extranjeros.

Por ese motivo, el gobierno estadounidense solicitó que los jueces consideren factores vinculados a la cortesía internacional, la reciprocidad entre países y el impacto que estas decisiones pueden tener sobre las relaciones exteriores.

Información sensible solicitada en el proceso

Uno de los puntos más sensibles del discovery es el pedido de información sobre comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a empresas estatales.

También se solicitaron datos sobre la ubicación de reservas de oro del Banco Central, algo que el Estado argentino sostiene que está protegido por normas de inmunidad soberana.

Desde la posición oficial, esos activos pertenecen a un banco central extranjero, lo que en general los vuelve inmunes a medidas de ejecución según la legislación estadounidense.

El marco legal del litigio

El Departamento de Justicia recordó que estos casos suelen regirse por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que establece que los bienes de estados extranjeros en Estados Unidos gozan, en términos generales, de inmunidad frente a embargos.

Aunque la Corte Suprema determinó en fallos anteriores que esa norma no limita totalmente el discovery posterior a una sentencia, también reconoció que pueden existir otros fundamentos para restringirlo.

Entre ellos, se encuentran justamente los principios de relevancia, proporcionalidad y respeto a la soberanía de los Estados.

Un apoyo que refuerza presentaciones previas

El respaldo de Estados Unidos refuerza un escrito que ya había presentado el 26 de febrero en favor de la posición argentina.

Desde la Procuración del Tesoro destacaron el apoyo del gobierno norteamericano y señalaron que continuarán defendiendo los intereses del país en el proceso judicial.

El litigio por la expropiación de YPF, que se originó tras la nacionalización de la compañía en 2012, sigue siendo uno de los casos judiciales más relevantes que enfrenta la Argentina en tribunales internacionales.