Reforma clave y controversia ambiental
Ley de Glaciares: los cambios que liberarían zonas protegidas para la minería y el petróleo
La propuesta de modificación de la Ley de Glaciares (26.639) ha colocado a las compañías del sector minero en el centro del debate, generando fuertes cuestionamientos de bloques de la oposición y agrupaciones ambientalistas dedicadas al resguardo de los recursos naturales. De concretarse su aprobación, existen dos ejes fundamentales que facilitarían el desarrollo de proyectos extractivistas: la redefinición de las superficies bajo protección y la reducción de las limitaciones de carácter territorial.
Cambios en los criterios de protección hídrica
El objetivo de esta reforma es restringir la tutela ambiental únicamente a aquellos bloques de hielo que desempeñen tareas específicas, tales como servir de reservorios de agua para el consumo de las personas, y que además posean dimensiones determinadas. Bajo la perspectiva del Ejecutivo Nacional, este nuevo esquema permitirá desbloquear regiones que hoy se encuentran vedadas para la explotación de hidrocarburos y la actividad minera.
El debate sobre el entorno periglaciar
En la actualidad, la normativa vigente impide la ejecución de emprendimientos de megaminería en áreas periglaciares, las cuales comprenden suelos congelados encargados de regular los ciclos hídricos. Los cambios propuestos abrirían la puerta a la producción en dichas zonas, siempre que se compruebe, mediante una evaluación previa, que las tareas no repercuten de manera directa en el ciclo del agua.
Autonomía provincial y decisiones locales
Asimismo, se plantea una descentralización en las tareas de fiscalización. Esto implica brindar una autonomía superior a los estados provinciales para que dispongan sobre sus propios recursos naturales y decidan sobre la intervención de las empresas mineras según sus consideraciones.
Según la postura manifestada por el Gobierno, esta medida facultaría a cada jurisdicción a otorgar permisos para proyectos de extracción basándose en sus propios estándares de impacto ambiental, lo que terminaría con la uniformidad de las normas de protección que rigen hoy a nivel federal.
Inversiones y la visión del sector privado
Para los referentes del ámbito minero y energético, el texto legal que rige actualmente es "ambigüo" y provoca el estancamiento de posibles inversiones. Esta situación afecta principalmente a los desarrollos vinculados al litio y al cobre, con especial incidencia en la región de la Patagonia, así como en las provincias de Catamarca y Jujuy.
Con información de NA.
