Fiscalización no intervención

La IGJ va tras la AFA: Piden veedores por tener bajo la lupa USD 450 millones con irregularidades administrativas

La Inspección General de Justicia solicitó la designación urgente de supervisores para fiscalizar las cuentas de la entidad. El foco está puesto en presuntas irregularidades administrativas y el paradero de millonarios fondos vinculados a la Superliga y contratos internacionales. Aunque aclaran que no es una intervención, la auditoría busca reconstruir la ruta del dinero entre 2017 y 2024.
miércoles 25 de febrero de 2026

La IGJ avanza sobre la AFA con veedores y pone bajo la lupa USD 450 millones La Inspección General de Justicia (IGJ) elevó un pedido al Ministerio de Justicia de la Nación para que se nombren veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo es acceder a datos contables y financieros que, de acuerdo con el organismo, la institución no entregó en los tiempos establecidos. Esta determinación se formalizó a través de una resolución de Daniel Roque Vítolo, inspector general, quien hizo referencia a la detección de "graves irregularidades".

El foco en los balances y fondos bajo análisis

La tarea de vigilancia solicitada se centra en revisar los estados contables que cerraron el 30 de junio de 2025. Asimismo, se busca reconstruir partidas de dinero que figuran en los balances de la AFA y la Superliga entre los años 2017 y 2024. Las autoridades pretenden conocer el paradero de USD 450 millones anotados en dichos registros. Desde la IGJ manifestaron incertidumbres sobre USD 111 millones vinculados a la asociación y otros USD 348 millones relacionados con la Superliga. Por este motivo, se exigieron detalles sobre deudas contraídas, inversiones realizadas y flujos financieros. Aunque el plazo para presentar esta documentación caducó sin respuestas por parte de la AFA, la Superliga sí contestó al pedido.

Una veeduría, no una intervención

Desde el organismo aclararon que esta acción posee una finalidad informativa y no representa una toma de control directa sobre la cúpula de la entidad. Vítolo explicó ante los medios que "la intervención solicitada en grado de veeduría no implica sanción ni prejuzgamiento alguno". El funcionario remarcó que es imperativo contar con datos "completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales". Los encargados que resulten designados contarán con la potestad de examinar libros de la sociedad, papeles contables y los comprobantes de las operaciones, bajo el marco de la Ley 22.315.

Contratos comerciales y flujo de derechos

Otro punto central de la solicitud es auditar los vínculos comerciales y económicos de la asociación con TourProdEnter LLC, los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, la firma Sur Finanzas S.A. y otras sociedades ligadas al Grupo Sur Finanzas, incluyendo las de Ariel Vallejo. La IGJ pidió informes sobre las sumas cobradas por TourProdEnter en concepto de comercialización de derechos, las correspondientes rendiciones de cuentas y las transferencias de dinero enviadas o recibidas desde el extranjero, buscando reconstruir la totalidad del circuito de ganancias comerciales.

Lee también: La justicia ordenó 30 allanamientos en simultáneo por presunto "rulo financiero" de 500 millones de dólares en Sur Finanzas

La Universidad de la AFA, otro punto bajo revisión

El ente también ordenó inspeccionar la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), un proyecto educativo de la institución. La labor de auditoría incluirá la revisión de documentos sobre la compra de propiedades, mobiliario, composición del patrimonio, elección de directivos y acuerdos con terceros, para constatar la transparencia legal y económica de la iniciativa.

La disputa por el domicilio y la jurisdicción de control

Este movimiento de la IGJ sucede luego de que el organismo rechazara el pedido de la AFA para mudar su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires. Según Vítolo, el cambio no cumplía los requisitos y la dirección declarada no era donde se ejercía la administración real. "La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", aseveró el inspector. Esta resolución mantuvo a la entidad bajo la órbita de control de la IGJ, evitando que pasara a depender de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Lee también: Revés para la AFA, no es posible el cambio de domicilio

Designación pendiente

Actualmente, la elección de los supervisores depende del Ministerio de Justicia. Una vez nombrados, tendrán que elaborar informes técnicos sobre la realidad institucional, financiera y contable de la entidad. La AFA, por su parte, podrá utilizar los recursos legales que crea necesarios ante esta disposición.

Con información de BAE Negocios.