Récord de demandas laborales: Chubut integra el podio nacional
La provincia integra el grupo con más causas iniciadas junto a San Luis, Santa Fe, Mendoza y Jujuy. Durante el último año, el número de causas judiciales en el sector creció un 6,4% respecto al periodo anterior, alcanzando el registro más alto desde la creación del sistema en 1996. el índice de litigiosidad se elevó a 132,8 casos por cada 10.000 asegurados.
El incremento en las demandas ocurre en un contexto de reducción de accidentes. Desde la implementación del sistema actual, los siniestros laborales bajaron un 55% y los fallecimientos se redujeron en un 80%. Este descenso en la mortalidad equivale a haber salvado más de 19.000 vidas en los últimos 26 años.
A pesar de estas mejoras en la prevención y seguridad en los ámbitos de trabajo, la judicialización alcanzó niveles récord. En Argentina se registran más de 350 nuevas demandas por día, superando ampliamente los índices de países como Chile o España.
Costos y distribución de fondos
Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) reveló que apenas el 55% de lo que desembolsan las empresas tras una sentencia llega efectivamente al trabajador. El 45% restante se distribuye en gastos de intermediación judicial y honorarios profesionales.
Dentro de este porcentaje, la cuota litis que reciben los abogados representa el 14% del gasto total. Otros rubros incluyen honorarios de peritos (7%), tasa de justicia (2%) y gastos de representación legal de ambas partes, lo que genera una brecha significativa entre el costo para el empleador y el beneficio para el operario.
Impacto de la reforma laboral
El stock total de juicios en curso alcanzó las 317.848 causas hacia finales de 2025. Los especialistas vinculan este fenómeno al sistema de pericias médicas judiciales y a los altos costos asociados a los litigios de larga duración.
La inminente aplicación de un nuevo régimen laboral y la Ley de Modernización Laboral son señaladas por el sector asegurador como herramientas para que las justicias provinciales ajusten sus criterios. El objetivo planteado es reducir la judicialización y priorizar los mecanismos de prevención y resolución administrativa.
