Reforma laboral en el Congreso: el Gobierno cedió en puntos clave previo al tratamiento
En una jornada marcada por la expectativa política y la tensión social, el Congreso este miércoles el tratamiento de la reforma laboral. Luego de un proceso de diálogo que obligó a la Casa Rosada a matizar sus ambiciones originales, el proyecto llega al recinto con cambios significativos que buscan equilibrar las demandas de los sectores productivos y la resistencia sindical.

A pesar de los incidentes registrados en las inmediaciones del Palacio Legislativo entre manifestantes y fuerzas de seguridad, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para obtener la media sanción y girar la iniciativa a la Cámara de Diputados.
Los ejes de la negociación: ¿Qué cambió?
El texto definitivo refleja una serie de concesiones estratégicas por parte del Gobierno. Según especialistas, los sectores más beneficiados por estos retoques han sido las pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las entidades bancarias y la cúpula de la CGT.
Concesiones al sector sindical y fiscal
Aportes solidarios: Se mantendrán por dos años con un tope del 2%, evitando una quita drástica inmediata. Además, las empresas seguirán funcionando como agentes de retención de las cuotas de afiliación.
Obras Sociales: No habrá reducción en las cargas patronales; la alícuota se mantendrá en el 6%, descartando la baja al 5% que pretendía el proyecto original.
Impuesto a las Ganancias: Se eliminó el artículo que reducía la alícuota para empresas del 30% al 27%, una medida que buscaba proteger la coparticipación de las provincias.
Bancarización: Se ratifica el pago de salarios a través de entidades bancarias, excluyendo explícitamente el uso de billeteras virtuales para este fin.
Servicios esenciales y seguridad
La reforma endurece las condiciones para las medidas de fuerza en sectores críticos. Se incorporan como "servicios esenciales" el transporte de caudales, la seguridad privada y, fundamentalmente, la educación en todos sus niveles (desde guarderías hasta secundaria) y el cuidado de menores. Por su parte, las fuerzas de seguridad deberán garantizar siempre el 100% de su prestación normal.

Beneficios para las empresas y modernización
Desde la perspectiva empresarial, el proyecto introduce cambios estructurales en la forma de contratar y desvincular personal:
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema para cubrir costos de indemnización mediante aportes mensuales de los empleadores (1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs).
Cálculo de indemnizaciones: Se redefine la "mejor remuneración" computando solo lo mensual, normal y habitual, excluyendo explícitamente el aguinaldo (SAC) y las vacaciones.
Actualización de créditos: Se establece un esquema de actualización basado en IPC + 3% anual, otorgando previsibilidad jurídica ante juicios laborales.
Banco de horas y vacaciones: Se habilita el fraccionamiento de vacaciones (mínimo 7 días) y la implementación de bancos de horas por acuerdo mutuo.
Prelación de convenios: Los convenios de empresa a nivel provincial tendrán prioridad sobre los de ámbito nacional, permitiendo una adaptación más local de las condiciones de trabajo.
El horizonte de 2028: hacia la voluntariedad
Un punto disruptivo del proyecto es la cláusula de voluntariedad. A partir del 1 de enero de 2028, todos los aportes a cámaras empresarias y cuotas sindicales requerirán el consentimiento individual y expreso del trabajador o empleador, eliminando cualquier presunción de aceptación.
Con este paquete de medidas, el Gobierno apuesta a una "modernización" que incentive la inversión productiva a través del nuevo Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI) y la reducción de cargas sociales para nuevos empleos, mientras intenta contener el malestar social que rodea al Congreso.
Redactado con información de Infobae.