Reforma Laboral: fuerte rechazo empresario a cambios en los aportes obligatorios

El eje del conflicto se centra en el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Bajo el esquema actual, los empleadores deben aportar el 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada uno de los 1,2 millones de trabajadores del sector mercantil.

Estos fondos, según el comunicado difundido, se redistribuyen mayoritariamente entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) señalaron un evidente conflicto de intereses: "Tanto la CAC como la CAME participan de la mesa paritaria y, al mismo tiempo, son beneficiarias de los aportes que allí se negocian".

Según pudo saber Crónica, el INACAP reconoció en sede judicial que recauda más de $30.000 millones anuales, pero no se ha logrado identificar una trazabilidad clara sobre el destino efectivo de esos recursos.

La indignación del sector radica en que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 149/2025 del Ministerio de Desregulación, había dispuesto la voluntariedad de estos pagos.

Sin embargo, una medida cautelar y la posterior modificación del texto de la ley extendieron la obligatoriedad de estos aportes hasta enero de 2028, lo que fue calificado por los denunciantes como una situación de "impunidad total".

Además, los empresarios cuestionaron la vigencia de la "Contribución Solidaria por COVID-19" a la obra social OSECAC, un cargo nacido en la pandemia de 2021 que se sigue cobrando en la actualidad por cada empleado.

Entidades de diversas provincias, como la Federación Económica de Mendoza y cámaras pymes, se sumaron al reclamo ante el Congreso de la Nación para eliminar estos "costos ocultos" que, aseguran, aumentan significativamente el costo laboral en Argentina.