El Gobierno avanzó con la reestructuración del IOSFA y separó la cobertura médica de militares y fuerzas federales

La medida crea dos entes autárquicos bajo las órbitas de Defensa y Seguridad para enfrentar la crisis financiera del sistema, que arrastra una deuda cercana a los $200.000 millones
viernes 06 de febrero de 2026

El Gobierno nacional oficializó la reorganización integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y dispuso su división en dos nuevas entidades autárquicas, una destinada al personal militar y otra a las fuerzas federales de seguridad.

La decisión, que había sido anticipada hacia fines de 2025, apunta a enfrentar la grave crisis operativa y financiera del organismo y alcanza de manera directa a más de 500.000 afiliados en todo el país.

Una respuesta a la crisis financiera del sistema

Según fuentes oficiales, la reestructuración busca revertir el desequilibrio económico del IOSFA, cuya deuda asciende a alrededor de $200.000 millones. En el Ejecutivo atribuyen la situación a irregularidades acumuladas en gestiones anteriores, que derivaron en dificultades para garantizar prestaciones básicas.

Uno de los escenarios más críticos se registra en Punta Alta, donde, de acuerdo con datos de ATE, unas 42.000 personas dependen del IOSFA, más de la mitad de la población local, y sufren interrupciones prolongadas en el acceso a servicios de salud.

La decisión fue tomada tras reuniones entre el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de evitar el colapso del sistema.

Dos nuevas obras sociales

El decreto crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con alcance nacional. Estará a cargo de la cobertura médico-asistencial y social del personal militar, con prestaciones que no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio (PMO).

La OSFA contará con un Directorio integrado por representantes de cada fuerza armada, mientras que el Ministerio de Defensa ejercerá funciones de fiscalización y control.

En paralelo, se creó la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y brindará cobertura al personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, con posibilidad de sumar otras fuerzas en el futuro.

El Directorio de la OSFFESEG estará integrado por cinco miembros, designados por el Ministerio de Seguridad, y su presidencia deberá recaer en una persona con experiencia comprobable en gestión pública o privada.

Quiénes estarán cubiertos

La OSFA incorporará como titulares al personal militar en actividad, personal civil de las Fuerzas Armadas, empleados de la obra social, retirados y pensionados, además del grupo familiar primario. Podrá admitir afiliados adherentes bajo criterios de sustentabilidad financiera.

La OSFFESEG incluirá al personal de Gendarmería y Prefectura en actividad, personal civil, empleados de la obra social y retirados o pensionados, con un esquema de cobertura familiar similar.

Financiamiento y controles

Ambas obras sociales se financiarán mediante aportes personales, contribuciones patronales, cuotas de afiliados adherentes, recursos del Presupuesto Nacional, venta de activos y donaciones. El decreto establece que al menos el 80% de los recursos deberá destinarse a prestaciones de salud y que los gastos administrativos no podrán superar el 8%.

Las dos entidades estarán sujetas a auditorías de la SIGEN, regímenes de incompatibilidades y mandatos de directores por cuatro años, con posibilidad de reelección.

Etapa de transición

Para garantizar la continuidad del servicio, la norma prevé un proceso de transferencia ordenada de activos, personal y derechos desde el IOSFA hacia las nuevas obras sociales. Durante la transición, un administrador designado por Defensa y una Comisión Especial Ad-Hoc supervisarán el traspaso.

Desde el Gobierno afirmaron que la reestructuración responde a “circunstancias excepcionales” y busca asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones, evitando una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados.