FOPEA condena la "Oficina de Respuesta Oficial" y advierte sobre el intento gubernamental de imponer una verdad única

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) comunicó su profunda alarma y rechazo ante el lanzamiento de la cuenta "Oficina de Respuesta Oficial" en la red social X, promovida por la Presidencia de la Nación con la intención de "desmentir activamente la mentira" y "dejar en evidencia operaciones". El Código de Ética de la organización resalta que el deber fundamental del periodista es la búsqueda de la verdad mediante el rigor, la verificación de datos, la diversidad de fuentes y la honestidad intelectual, y nunca a través de la imposición de un dogma. El periodismo trabaja para suministrar información comprobada y no dicta qué es verdadero o falso desde una posición de poder; por tanto, la intención del Gobierno de instaurar una "verdad oficial" inobjetable entra en conflicto directo con los principios de una sociedad libre.

Riesgo institucional y uso de recursos públicos

FOPEA alertó sobre la gravedad institucional que supone establecer desde el Estado un "tribunal de la verdad". Resulta sumamente preocupante que esta propuesta haya sido difundida a través de la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Esto evidencia el uso de una estructura estatal y recursos públicos financiados por los ciudadanos para vigilar, señalar y estigmatizar las voces disidentes o la labor periodística que ejerce una función crítica. Esta situación ocurre en paralelo a las dificultades impuestas por el poder para acceder a fuentes de información, como la modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública, la ausencia de conferencias de prensa regulares y la falta de cobertura en la vocería presidencial.

Defensa de la libertad de expresión

Durante sus 23 años de trayectoria, la organización ha manifestado su preocupación ante iniciativas comparables impulsadas por gobiernos anteriores. La postura se mantiene firme: el Estado debe garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no auditar el discurso ciudadano ni hostigar a quienes informan. FOPEA sostiene que, si bien el periodismo debe estar sujeto a la crítica, ninguna autoridad oficial puede finalizar el debate público, ya que esto implica invalidar al otro, socavar la libertad de expresión y perjudicar la necesaria rendición de cuentas.