Diputados debatirá la baja de imputabilidad a 14 años en sesiones extraordinarias el próximo 12 de febrero

La Cámara baja dio un paso adelante en la planificación de las sesiones extraordinarias al definir la fecha para abordar uno de los puntos más delicados del programa del Gobierno. El recinto discutirá el jueves 12 de febrero la iniciativa sobre el Régimen Penal Juvenil, propuesta que busca reducir la edad de punibilidad y reorganizar el sistema de penas para los menores de edad.

Esta determinación se tomó tras una reunión que lideró Martín Menem, presidente del cuerpo, junto a los referentes de las bancadas oficialistas y opositoras, donde se estableció la hoja de ruta parlamentaria para trasladar la propuesta al debate en el recinto.

Pasos administrativos y dictamen de comisiones

Previamente a la jornada de sesión, durante el miércoles, se concretará un plenario donde participarán las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Adolescencia, y Presupuesto para emitir el dictamen correspondiente. Debido a que el despacho obtenido por el oficialismo durante el ciclo anterior perdió vigencia parlamentaria al no ser tratado, resulta necesario cumplir nuevamente con el proceso de comisión, aunque fuentes vinculadas a la negociación indicaron que se mantendrán los acuerdos previos.

Asimismo, Menem ratificó que el martes se conformarán oficialmente las comisiones de Justicia y de Familia, Niñez y Adolescencia, las cuales se integrarán al trabajo de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, que ya están operativas.

Consenso en los 14 años y límites a las condenas

Si bien la propuesta inicial de la gestión nacional sugería llevar la imputabilidad a los 13 años, la influencia de bloques como el PRO, la UCR, Innovación Federal y la Coalición Cívica derivó en fijar el límite en los 14 años. Esta posición prevaleció y será el eje del documento que se presentará en el recinto.

En el marco de las negociaciones, el oficialismo también dio el visto bueno para que la pena máxima en casos de delitos de extrema gravedad —tales como secuestro, abuso sexual o asesinato— se reduzca de 20 a 15 años. Este ajuste fue fundamental para consolidar el texto común que se había logrado el año pasado.

El rol de las provincias y el financiamiento

Luego del encuentro entre los jefes de bloque, se supo que el proyecto incorporará un segmento relativo al presupuesto. Los mandatarios provinciales habían expresado su preocupación por que los costos derivados de la implementación de este nuevo sistema no fueran afrontados únicamente por sus jurisdicciones.

Ante este pedido, desde la Casa Rosada se comprometieron a facilitar la firma de convenios entre la Nación y las provincias para solventar dichas erogaciones. Bajo este escenario, los sectores aliados confían en que el oficialismo obtendrá el respaldo necesario para la media sanción.

Características del sistema propuesto

El esquema normativo establecerá los 14 años como la edad mínima para ser juzgado. La condena de mayor duración será de 15 años para los delitos más severos. Se plantea que el encarcelamiento sea la instancia final, dándole prioridad a sanciones de carácter alternativo como las tareas en beneficio de la comunidad, la reparación del perjuicio causado o la restricción de acercamiento a las víctimas.

El plan contempla la creación de establecimientos especializados para los jóvenes sentenciados, donde se asegure la escolaridad, la asistencia de salud y el tratamiento de adicciones. Quienes trabajen en estos sitios deberán tener capacitación en infancia y quedará terminantemente prohibido que los menores compartan espacios con adultos privados de su libertad.

Dentro de las alternativas a la prisión se mencionan el monitoreo por dispositivos electrónicos, la amonestación, la prohibición de manejar vehículos o de asistir a ciertos sitios. Estas medidas podrían aplicarse en infracciones con penas de hasta tres años, o incluso de hasta diez si no existió violencia extrema ni fallecimientos, siempre que el Ministerio Público Fiscal esté de acuerdo y se escuche a la parte damnificada.

Finalmente, la normativa incluye programas de formación para el trabajo, educación ciudadana, actividades deportivas y culturales, sumado al seguimiento de supervisores especializados. En situaciones de consumos problemáticos, crisis de salud mental o contextos de violencia en el hogar, se prevé la participación de la justicia civil si se requiere una internación.

Con información de BAE Negocios.