El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad luego de un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata. La medida quedó formalizada a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se definen los lineamientos del nuevo esquema de pensiones no contributivas por discapacidad.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y fijó como fecha límite el 4 de febrero para su implementación plena.
Cómo se originó el conflicto judicial
El conflicto se inició cuando el Poder Ejecutivo intentó frenar la entrada en vigencia de la ley —sancionada por el Congreso en septiembre de 2025— mediante un veto sustentado en la falta de recursos presupuestarios. Sin embargo, la Cámara de Diputados insistió con la promulgación, que finalmente se concretó, aunque su aplicación quedó suspendida mientras se definía la fuente de financiamiento.
La situación escaló a la Justicia a partir de un amparo colectivo presentado en representación de dos menores. El magistrado de Campana hizo lugar al planteo, dejó sin efecto la suspensión y ordenó la aplicación inmediata de la Ley N.º 27.793. Si bien el Ministerio de Salud y otros organismos oficiales apelaron el fallo por dificultades fiscales, el juez otorgó un plazo máximo de 30 días para dictar la reglamentación.
Qué establece el nuevo decreto sobre las pensiones
El decreto se publicó sobre el límite del plazo judicial y fija los requisitos de acceso, los criterios de evaluación socioeconómica y las incompatibilidades del nuevo régimen de pensiones. La implementación quedará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud.
Además, la norma dispone la convocatoria obligatoria al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación y establece la presentación de un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días. También prevé mecanismos de articulación con organismos estatales y de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de garantizar una implementación federal.
Los puntos más sensibles de la implementación
El decreto reconoce las restricciones fiscales y aclara que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles. Uno de los aspectos más sensibles es la conversión automática de las pensiones vigentes al nuevo esquema, ahora denominado Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará la revisión de miles de prestaciones.
En el plano institucional, la normativa centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el acompañamiento permanente del Consejo Federal de Discapacidad, organismo creado en 1996 e integrado por representantes nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.
El texto, también rubricado por Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, aclara que el dictado del decreto no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial. “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos”, señala la norma, que entró en vigencia con su publicación.
Designaciones en el área de discapacidad
Tras la reglamentación, el Gobierno oficializó nuevas designaciones dentro de la estructura de discapacidad del Ministerio de Salud, también publicadas en el Boletín Oficial.
El médico sanitarista Alejandro Alberto Vilches fue nombrado secretario Nacional de Discapacidad, cargo desde el cual coordinará las políticas públicas del sector. Vilches se desempeñaba desde agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos asumió el licenciado Gianfranco Scigliano, área responsable de la implementación normativa y la validación de los certificados de discapacidad.
En tanto, el abogado Esteban Rafael Giler quedó al frente de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, encargada de articular herramientas de inclusión social, laboral y educativa para personas con discapacidad, en coordinación con organismos públicos y privados.
