Litigio por YPF: el Gobierno rechaza brindar información sobre el oro del Banco Central
La batalla legal en los tribunales de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo de tensión. Argentina manifestó ante la magistrada Loretta Preska su negativa a entregar reportes sobre la ubicación y el destino de las reservas de oro. El pedido había sido impulsado por los acreedores que cuentan con un fallo a favor de USD 16.000 millones debido a la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012.
Argumentos de la defensa argentina
Sebastián Maril, referente de Latam Advisors, explicó la situación: “El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”.
Desde la Procuración del Tesoro, organismo encargado de la defensa jurídica del país, señalaron que se ha completado un proceso de discovery sumamente exhaustivo. Según las fuentes oficiales, la República Argentina ha actuado con buena fe y un alto nivel de cooperación. Además, recordaron que, bajo la normativa vigente, el Banco Central es un ente autárquico y sus activos poseen inmunidad, por lo que no pueden ser objeto de embargos.
Denuncias de hostigamiento judicial
La postura del Estado es que las constantes solicitudes de información representan un límite extremo que califican como acoso procesal. Cabe destacar que, con el correr del tiempo y la suma de intereses, el monto total del fallo ya se aproxima a los USD 18.000 millones. Por su parte, el fondo Burford Capital ha solicitado que el país sea declarado en desacato, argumentando un presunto incumplimiento en la entrega de documentos y comunicaciones off-channel.
Posibles sanciones y embargos
Los demandantes buscan que se impongan multas diarias de un millón de dólares y que diversas empresas públicas sean consideradas como un alter ego del Estado. Esto les permitiría avanzar con intentos de embargo sobre activos de instituciones como Aerolíneas Argentinas, YPF o el Banco Nación. No obstante, la defensa argentina se presentará en la próxima audiencia con una postura firme para apelar a la razonabilidad de la jueza ante el avance de los acreedores.
Desde el área legal del Gobierno consideran que los beneficiarios del fallo actúan con urgencia ante la posibilidad de que la Corte de Apelaciones revierta la sentencia original. En este sentido, subrayaron la alta rentabilidad del litigio para Burford, que adquirió los derechos para litigar por USD 16 millones y pretende cobrar una cifra mil veces superior. Para los funcionarios, esta diferencia del 100.000% es un dato relevante, ya que el pago final impactaría directamente en los recursos de los ciudadanos.
Con información de Infobae.
