El Gobierno Nacional confía en las gestiones para la liberación del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela
El Gobierno nacional mantiene un seguimiento sobre la situación de Nahuel Gallo, el gendarme que se encuentra detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Según fuentes oficiales, aunque no se dispone de información fehaciente sobre una liberación inmediata, existe confianza en las gestiones diplomáticas que Estados Unidos lleva adelante ante las autoridades venezolanas en el marco de una serie de liberaciones de presos políticos en ese país.
La situación del efectivo de seguridad se mantiene bajo reserva tras la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses a principios de enero. Desde la Casa Rosada indicaron que se respalda la labor de Washington, que según trascendidos, asume la negociación por los ciudadanos argentinos detenidos en diversas cárceles venezolanas como si fueran propios.
El rol de la diplomacia internacional y los contactos bilaterales
El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, manifestó su apoyo a la liberación de quienes considera rehenes y presos políticos detenidos de forma injusta. El diplomático mantuvo un encuentro reciente con el asesor presidencial Santiago Caputo para abordar la situación regional. En dicho encuentro, se analizó el panorama en Venezuela y el estado de los detenidos extranjeros bajo el interinato de Delcy Rodríguez.
Por su parte, el presidente Javier Milei aprovechó su participación en la firma del Acuerdo Mercosur-UE en Paraguay para valorar las acciones adoptadas por la administración de Donald Trump. Durante su intervención, el mandatario nacional exigió la libertad de todos los detenidos, mencionando específicamente el caso de Nahuel Gallo y los demás ciudadanos argentinos privados de su libertad por el régimen venezolano.
El reclamo del Estado argentino se fundamenta en la denuncia de violaciones a los Derechos Humanos y en la calificación de las detenciones como actos arbitrarios e ilegales. La administración nacional sostiene que la libertad de los ciudadanos es una prioridad en la agenda de política exterior y que la situación no admite mayores dilaciones en el actual escenario político de la región.
