El Gobierno excluye iniciativas clave del cronograma de sesiones extraordinarias

La administración nacional optó por retirar del listado de temas para las sesiones extraordinarias de febrero diversos proyectos de relevancia para su plan de gestión. Esta determinación respondería a una planificación de los tiempos legislativos o a la falta de certezas respecto al acompañamiento necesario para su aprobación. En consecuencia, estos expedientes deberán aguardar al comienzo del periodo de sesiones ordinarias.

Uno de los puntos que más resalta por su ausencia es el proyecto de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, el cual sí había sido integrado en la convocatoria previa realizada en el mes de diciembre.

Los alcances de la normativa sobre gasto público

De acuerdo con lo recabado mediante fuentes parlamentarias del oficialismo, algunos sectores de la oposición dialoguista manifestaron incertidumbres sobre el articulado. Según se indicó, no contaban con las garantías para avalar una norma que restringe de forma severa el gasto público, incluso ante situaciones críticas como catástrofes humanitarias, naturales o crisis sanitarias.

Este proyecto, conocido como la “regla fiscal”, busca sostener el equilibrio presupuestario bajo cualquier circunstancia. Aunque cuenta con dictamen de comisión e integró el orden del día en la sesión de Diputados donde se sancionaron el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal, no logró ser debatido. Aquella jornada fue levantada ante la posibilidad de que se perdiera el quorum, lo que obligó a que la iniciativa regresara a comisión.

La propuesta técnica establece penalidades para funcionarios o directivos de la banca pública que efectúen erogaciones desproporcionadas o apliquen medidas de emisión de moneda que generen distorsiones. En esencia, la normativa intenta plasmar el principio de no gastar por encima de los ingresos del Estado, una premisa que la gestión de Milei aplica activamente y que identifica con la figura de la motosierra.

No obstante, esta política de ajuste ha derivado en que el Ejecutivo no implemente leyes vigentes vinculadas al financiamiento de universidades, la emergencia en discapacidad y la emergencia pediátrica, las cuales fueron ratificadas por el Congreso tras los vetos presidenciales.

Cambios en materia penal

Por decisión de la Casa Rosada, también se retiró del temario la reforma del Código Penal, una iniciativa impulsada por la actual titular del bloque de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. El objetivo es renovar integralmente el cuerpo normativo que rige desde 1921 y que solo ha tenido modificaciones parciales a través del tiempo.

El nuevo texto propuesto ampliaría la cantidad de artículos de 316 a 920. Si bien hubo intentos por agilizar la discusión a fines del año pasado mediante una comisión bicameral, la idea no prosperó en ese momento. Entre sus puntos centrales, plantea que no prescriban delitos críticos como el narcotráfico, abusos sexuales, trata de personas, homicidios y crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, proyecta un aumento general de las escalas penales, con énfasis en hechos de narcotráfico y corrupción. El documento integra propuestas previas como la ley de reiterancia, la ley “antimafia”, el juicio en ausencia y el régimen penal juvenil que contempla la reducción de la edad de imputabilidad. También se incluye una sección para delitos tecnológicos, tales como la creación de material sexual falso mediante inteligencia artificial, la pornovenganza, el acoso cibernético (grooming) y las estafas para la obtención de datos personales.

El debate por el sistema de inteligencia

La exclusión del DNU 941/2025 generó fuertes críticas en el arco opositor. Mediante este decreto, el Gobierno pretende reestructurar la inteligencia nacional y dotar de mayores atribuciones a la SIDE. Los sectores de la oposición más rígida buscaban que la comisión de Trámite Parlamentario lo analizara en febrero para intentar rechazarlo en las dos cámaras y anular su validez.

Sin embargo, el temario enviado por el Gobierno solo contempla el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la reforma laboral, la ley de glaciares y el nombramiento de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.

Al respecto, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, cuestionó la convocatoria señalando que se priorizan temas como la modificación de la Ley de Glaciares o la reforma laboral en lugar del decreto sobre inteligencia. A través de la red social X, el legislador afirmó que no existía urgencia para dicha medida y que el fin era potenciar el control sobre opositores y organizaciones sociales. Finalmente, advirtió que, si la comisión bicameral no sesiona en los tiempos previstos, se fomentarán movilizaciones para que el Congreso rechace el DNU.

Con información de Agencia NA (Por Sebastián Hadida)