El gobierno ordenó la apertura de los miradores de Península Valdés

El gobierno provincial ordenó a la familia Ferro, propietaria del campo, que habilite de inmediato el paso a los miradores de Caleta Valdés y el Mirador de la Pingüinera esgrimiendo que su gestión corresponde a la Administradora de Península Valdés en el marco de la ley que regula el manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

Tal como había adelantado Crónica, el ministro de Turismo, Diego Lapenna, emitió el pasado lunes una resolución mediante la cual establece que los miradores que están en el  campo de la familia Ferro, son de uso público y ordena “la habilitación inmediata y transitoria de los accesos”.

“Los herederos de quien en vida otorgó la posesión a favor de la Administración Península Valdés de los miradores, tomaron una actitud inaceptable cerrando por la fuerza un área respecto a la cual ya no tienen derechos de dominio”, determinó el ministro Lapenna en una resolución firmada el lunes a la que accedió Crónica.

Al mismo tiempo, la cartera provincial de Turismo encomendó a la Administración Península Valdés la gestión de esos miradores y el reclamo de la posesión definitiva de estos por la vía judicial. Justificó que los propietarios originarios del campo hace más de veinte años cedieron este espacio para uso público.

Las autoridades provinciales, según pudo saber Crónica, tenían previsto hacer cumplir esta resolución durante el transcurso de este martes. Al parecer, en medio del procedimiento, se habrían encontrado con la negativa de los dueños a reabrir los accesos.

Conflicto con prestadores

El conflicto comenzó hace dos semanas cuando la familia Ferro, propietaria del campo, cerró los miradores de la Boca de la Caleta y la pingüinera, dos lugares de paso obligado en las excursiones que realizan las agencias de turismo a la Península Valdés.

Los prestadores turísticos, perjudicados, cuestionaron el cierre de los accesos y pidieron al gobierno que busque una solución de inmediato.

Al parecer, la Estancia Ferro SA pidió a la Administradora Península Valdés que realice una serie de mejoras en los miradores y refuerce los controles, además de resguardarlos de su responsabilidad civil frente a cualquier eventualidad que suceda allí con los visitantes.

A su vez, el privado propuso que la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés, pague un canon mensual de 7000 dólares por el uso de esos miradores, con una actualización anual del 2%, por el plazo de diez años.

No obstante, el gobierno rechazó de plano esta propuesta y los dueños del campo cerraron los accesos a los miradores. Los prestadores, impedidos de acceder a estos miradores, preparan una cautelar en la Justicia para destrabar esta situación.

Ordenan la reapertura 

En medio de idas y venidas, al no haber una solución, el gobierno provincial decidió avanzar con la apertura de los miradores a través de una resolución. La cartera de Turismo esgrime que los dueños originales del campo cedieron el uso de esos miradores a la Administradora de la Península.

“Los propietarios otorgaron a la Administración Península Valdés el uso, posesión y manejo de los miradores y el acceso a los mismos, por lo que habiendo transcurrido más de veinte años de uso como propio, los mismos han pasado a ser propiedad de la misma”, dice el documento al que accedió Crónica.

Según la cartera de Turismo, si bien el traspaso del dominio todavía no se habría concretado por la vía judicial, todo indica que va camino a concretarse. “Si bien la adquisición registral y definitiva del dominio sobre el área que abarca los miradores y la zona de acceso se realizará por vía judicial, los antiguos propietarios no pueden desconocer un derecho de dominio adquirido en forma continua y pacífica por la Administración Península Valdés”, sostiene.

De este modo, Lapenna expuso en la resolución que los dueños del campo “han tomado medidas de hecho, desconociendo los derechos de la Administración Península Valdés sobre el área de los miradores y cerrando el acceso al público, lo cual implica una invasión a derechos de propiedad de la Administración Península Valdés y un daño al turismo en general”.

El ministro constató que “se han verificado restricciones de acceso dispuestas de manera unilateral, alternando el régimen de uso público del área, generando una situación de incertidumbre y conflictividad, comprometiendo tanto la conservación de la fauna silvestre, en la particular la colonia de pingüinos existente en el sector, como la seguridad de los visitantes, por posible ingreso de turismo en forma desordenada y no gestionado”.

La resolución del gobierno genera expectativa en los prestadores turísticos que esperan poder volver a hacer paradas en los miradores. Sin embargo, en las últimas horas, circuló que los dueños se habrían negado a acatar la orden.

Fernando Romeo, prestador turístico de Puerto Madryn, en declaraciones a Jornada, cuestionó el rol que desempeñó el ministro Diego Lapenna en el conflicto con los dueños del campo.

“El ministro de Turismo está pintado, se tendría que dedicar a ser bombero en la cordillera y no creo que sirva para eso tampoco. A este señor hace un mes lo llevaron a conocer la Península Valdés. Él mismo admitió que se había llevado una sorpresa enorme de la cantidad de hotelería que tenía Puerto Madryn”, criticó.

A su vez, Romeo, crítico con las políticas del área, señaló que el gobernador Ignacio Torres había dicho “iba a cambiar todo” e incluso propuso “cerrar el ministerio”, pero “no hizo nada y puso a un cervecero que no entiende nada”.