Falleció otro preso político en Venezuela mientras se encontraba bajo custodia estatal
El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos reportó la muerte de Edison José Torres Fernández, un detenido por razones políticas de 52 años, quien permanecía bajo custodia del Estado. El fallecimiento se produjo el 10 de enero de 2026 en las instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zona 7. Este hecho se dio a conocer apenas 62 horas después de que la administración de Delcy Rodríguez comunicara oficialmente el inicio de excarcelaciones de prisioneros políticos.
Torres Fernández se desempeñaba como efectivo de la Policía del estado Portuguesa, donde cumplía funciones en la brigada hospitalaria de Guanare con una trayectoria de más de dos décadas. Su arresto ocurrió el 9 de diciembre de 2025, luego de que difundiera mensajes con críticas hacia el gobierno y el mandatario provincial. De acuerdo con versiones extraoficiales, al uniformado se lo acusaba de los delitos de asociación para delinquir y traición a la patria.
Sin explicaciones oficiales
Hasta el momento, las instituciones de Venezuela no han emitido comunicados sobre las causas o el contexto del deceso, como tampoco sobre la asistencia sanitaria que el hombre recibió durante su encierro. Ante esta situación, el Comité de Familiares responsabilizó directamente al Estado por la protección y vida de los reclusos, al tiempo que demandó una investigación transparente e independiente y la liberación de todas las personas que continúan detenidas por motivos políticos.
La pérdida de vidas de prisioneros políticos en ese país ha sido objeto de seguimiento por diversas entidades de derechos humanos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indica que, en los últimos diez años, al menos 22 personas en esta condición han muerto bajo tutela estatal debido a la falta de atención médica, condiciones de detención inhumanas y negligencia. La organización ha señalado que existen demoras en los diagnósticos y presiones hacia los allegados para evitar que los casos tomen estado público.
Antecedentes y casos recientes
Entre las muertes registradas recientemente se encuentra la de Reinaldo Araujo, un dirigente de la oposición que falleció tras no recibir el tratamiento médico solicitado por sus parientes. Con su caso, la cifra de decesos bajo custodia del chavismo ascendió a 21 en la última década. Por otro lado, en diciembre de 2025, el exgobernador Alfredo Díaz murió en una situación similar de desatención y aislamiento en la cárcel de El Helicoide. Grupos opositores vinculan además siete fallecimientos a la etapa represiva posterior a los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
Otro episodio mencionado es el de Lindomar Amaro Bustamante, quien se quitó la vida. Su familia denunció que el hombre ya había tenido intentos previos de suicidio y no contó con la protección que el Estado debía garantizarle.
Falta de asistencia sanitaria
El escenario para quienes están privados de su libertad por causas políticas se vuelve más crítico ante las acusaciones de tortura, aislamiento y la falta de derechos procesales. La organización Justicia, Encuentro y Perdón calcula que cerca de 60 prisioneros atraviesan cuadros de salud muy delicados, incluyendo enfermedades cardíacas y cáncer avanzado, sin contar con los cuidados indispensables.
Diversas agrupaciones y familiares sostienen que es urgente que se realicen peritajes independientes y se exijan responsabilidades para frenar estas prácticas. Luego de que se produjera la detención de Nicolás Maduro, el gobierno chavista informó sobre un proceso de liberaciones. No obstante, hasta ahora se han concretado menos de veinte, mientras numerosos familiares aguardan en las cercanías de los centros de detención con la esperanza de recibir noticias sobre sus allegados.
Con información de Infobae.
