CONFLICTO EN PUERTO MADRYN
Prestadores turísticos irán a la Justicia a reclamar que reabran accesos a la Península
Las agencias de viajes de Puerto Madryn presentarán una medida cautelar en la Justicia para que la familia Ferro libere los accesos a la pingüinera y el mirador de las orcas en Península Valdés. El abogado Daniel Gómez Lozano confirmó a Crónica que presentarán una acción judicial en el fuero civil y comercial de Puerto Madryn.
“Actuaron con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, y se dan todas las condiciones para plantear un amparo para que la Justicia nos garantice a todos los ciudadanos acceder a ese lugar”, dijo Gómez Lozano quien refirió que ese lugar “es de uso público, libre y gratuito” y no hay razones para cerrarlo.
La denominada “boca de la caleta” y la pingüinera son dos paradas obligadas en las excursiones a la Península de Valdés, que atraen la atención de turistas del país y del mundo. El primero es un lugar único donde se pueden avistar lobos marinos y aves, y –la suerte acompaña- se ven pasar las orcas.
7000 dólares de "peaje"
Este verano, los prestadores turísticos de Puerto Madryn y el Valle se desayunaron con la sorpresa que la familia Ferro, propietaria del campo, cerró la tranquera y les impidió el paso a esos lugares que hace 30 años que son de uso público.

Según dijo a Crónica, Gómez Lozano, la familia propietaria pidió 7000 dólares mensuales por el uso de esos miradores en concepto de "peaje" pero el gobierno se negó a pagarlo. En medio de tires y aflojes, los dueños cerraron los caminos y el gobierno dice que no puede abrirlos.
Mientras tanto, los prestadores turísticos, que se ven perjudicados, preparan una cautelar que presentarán en el fuero civil y comercial de Puerto Madryn para obligar a los dueños a que permitan acceder al lugar.
Al respecto, Gómez Lozano refirió que el estado provincial “hizo una inversión en obras de infraestructura en la pingüinera –senderos, estacionamiento, cartelería y miradores- y ahora las agencias de viajes quedaron a merced de los dueños del campo”.
Por su parte, el representante de las agencias de turismo, Santiago Susanich, al ser consultado por este diario descartó de plano cualquier posibilidad de que los privados paguen por el uso de esos miradores que se los adjudica la familia Ferro.
El caso presenta similitudes con Bahía Cracker, por cuál primero la Cámara de Apelaciones de Trelew y luego el Superior Tribunal de Justicia obligaron a los propietarios a habilitar el paso. El otro antecedente es el cierre de los accesos a playa Pardelas, que también involucra a la familia Ferro.
"Negocien con los caminos abiertos"
El representante de los guías de turismo, Jorge Pineau, al ser consultado por Crónica señaló que el cierre de estos miradores “le quitan buena parte de la gracia que tiene el recorrido por la Península Valdés”, por lo que no pueden prescindir de estos.
Pineau consideró que no son comparables los casos de las playas Villarino y Larralde, en los que se escudan los dueños del campo, con estos avistajes en los que los turistas paran un rato en los miradores y continúan el recorrido.
El guía de turismo no ve ninguna relación entre el peligro de ocupación que implican las playas mencionadas, que llevaron a cerrar los caminos, y estos miradores que son un lugar de paso. De hecho, mencionó que ellos son los principales interesados en conservar el lugar.
“No vamos todos juntos a la misma hora, vamos repartidos, y los guías actuamos como agentes de conservación; no solamente damos las pautas a la gente que llevamos, sino que también cuando hay personas que van por su cuenta, les decimos cuáles son las reglas si no la tienen claras”, dijo Pineau.

Por último, pidió que en todo caso el gobierno y el privado sigan con las negociaciones, pero “con los caminos abiertos” así el turismo no se ve perjudicado.
Defensoría del pueblo pidió informes
Por su parte, la defensora del pueblo, Claudia Bard, dio a conocer en las últimas horas que pidió informes al Ministerio de Turismo para buscar una solución a este conflicto desatado entre los propietarios del campo y los prestadores turísticos.
“Como es de público conocimiento, se han cerrado los accesos tradicionales hacia la pingüinera y la Boca de la Caleta en Península Valdés, una medida que se conoció durante los primeros días de la temporada alta, afectando los caminos frecuentados por visitantes y comunidades locales”, expresó.
“Según diversas fuentes periodísticas, el bloqueo de los caminos fue realizado por los propietarios del campo donde se encuentran los accesos, impidiendo el ingreso a zonas que históricamente se transitaban para actividades recreativas y de naturaleza”, señaló.
“La Defensoría del Pueblo del Chubut emitió un Pedido de Informes al Ministerio de Turismo y Áreas protegidas de la provincia de Chubut, para la búsqueda de soluciones claras y transparentes garantizando el acceso y la información adecuada a la ciudadanía, en el marco del respeto por los derechos de todos”, concluye el comunicado oficial.