Dictan prisión preventiva al acusado de atropellar y darse a la fuga
Una jueza de Puerto Madryn dictó 60 días de prisión preventiva para G. L., de 43 años, en el marco de la investigación por el homicidio culposo agravado de Luis Eduardo Salvo, el jubilado de 82 años que falleció tras ser atropellado en la ciudad portuaria. La resolución se tomó durante la audiencia de apertura de investigación y control de detención.
El hecho que se investiga ocurrió en la intersección de Lewis Jones y Perito Moreno, cuando Salvo fue embestido por un vehículo mientras intentaba cruzar la calle para subir a su propio rodado, que se encontraba correctamente estacionado. El conductor del automóvil involucrado se dio a la fuga del lugar sin prestar asistencia a la víctima, quien sufrió lesiones de gravedad que derivaron en su posterior fallecimiento tras varios días de internación.
Tras el siniestro vial, personal de la División Policía de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn inició las pesquisas. El trabajo investigativo incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad privadas de la zona, ante la falta de cámaras municipales operativas en el sector. Este proceso permitió la identificación del presunto responsable.
Como resultado de la investigación, G. L. fue detenido el pasado lunes. Además, se procedió al secuestro de un vehículo Volkswagen Polo, el cual se presume fue el utilizado al momento del incidente vial. Estos elementos fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal como pruebas clave en la audiencia.
La audiencia fue presidida por la jueza Alejandra Hernández, con la participación del Dr. Lautaro Volpi en representación del Ministerio Público Fiscal y el Dr. Oscar Romero, con domicilio profesional en Trelew, como defensa particular del imputado. Durante la exposición, la Fiscalía detalló los elementos reunidos hasta el momento, incluyendo el relato de los familiares de Salvo, y solicitó medidas de coerción severas.
Luego de escuchar a las partes, la jueza Hernández resolvió dictar la prisión preventiva del imputado por el plazo de 60 días. La magistrada fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso, evitar posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación y asegurar la sujeción del imputado a una eventual elevación a juicio por el delito de “homicidio culposo agravado por darse a la fuga”.
