Diez personas irán a juicio por estafas con viviendas prefabricadas en Córdoba
Diez personas serán juzgadas en la ciudad de Córdoba, acusadas de asociación ilícita y estafas reiteradas, tras ofrecer viviendas prefabricadas mediante redes sociales y páginas web, para luego incumplir sistemáticamente los plazos de entrega y defraudar a los compradores.
El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba confirmó el requerimiento de citación a juicio que había dispuesto la Fiscalía de Instrucción Subrogante. La acusación se centra en la supuesta comisión de los delitos mencionados, perpetrados a través de empresas dedicadas a la construcción de viviendas prefabricadas.
El juez Gustavo Hidalgo rechazó la oposición a la elevación a juicio presentada por la defensa de dos de los imputados y denegó el cese de prisión preventiva para quien sería el presunto líder de la organización, confirmando así la realización del debate oral contra todos los acusados.
Según la información del portal Justicia de Córdoba, la acusación detalla que los imputados Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez, Matías David Pérez Ludueña, Claudio Héctor Bardus, Matías Sánchez, Noelia Alejandra Flores, María Ximena Alderete y Carlos Marcelo Scrofani, habrían conformado una organización criminal. Esta operaba bajo distintas denominaciones comerciales como Next House SAS, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista.
La metodología consistía en difundir un “discurso engañoso” en plataformas digitales y a través de “contratos ficticios”, donde se prometían construcciones en seco con plazos de entrega reducidos y pagos por avance de obra. Sin embargo, incumplían de manera sistemática, utilizando excusas para exigir pagos adicionales y la firma de adendas que agravaban el perjuicio económico de las víctimas, según el escrito judicial.
La estructura del grupo evidenciaba roles definidos: un presunto jefe a cargo de liderar y negociar, un organizador que coordinaba tareas y excusas, y otros miembros que actuaban como vendedores, prestanombres societarios o colaboradores en las maniobras.
Se ha constatado que los hechos involucran a más de 30 víctimas, tanto de Córdoba como de otras provincias, quienes habrían entregado sumas de dinero significativas, mediante efectivo, transferencias u otros bienes, sin recibir las obras prometidas o con construcciones defectuosas e inconclusas, generando ganancias ilegítimas para la organización.
