Piden la detención de Marcelo Porcel por presunto abusos a los compañeros de su hijo
La Justicia recibió un pedido formal de detención e indagatoria contra Marcelo Eduardo Porcel, empresario de 51 años, acusado de abusos sexuales y corrupción de menores contra al menos diez adolescentes que eran compañeros de colegio de su hijo. La presentación fue realizada por el abogado de las familias denunciantes, quien sostuvo que las pruebas reunidas en la causa configuran un cuadro grave y consistente.
Según consta en el expediente, las denuncias describen una modalidad reiterada de captación, en la que el acusado habría utilizado los vínculos escolares de sus hijos para acercarse a chicos de entre 13 y 14 años, invitarlos a distintos domicilios y generar situaciones de dominio y sometimiento.
El pedido de detención y las críticas al juzgado
El reclamo de detención fue presentado el 27 de noviembre de 2025, junto con el pedido de citación a indagatoria. El abogado de las familias aseguró que los avances logrados en la investigación se dieron “en soledad” y cuestionó la falta de decisiones de fondo por parte del juez interviniente, pese a la magnitud de las evidencias.
En declaraciones incorporadas a la causa, el letrado advirtió sobre el riesgo de reiteración delictiva y sostuvo que el imputado mantenía una conducta sistemática orientada a identificar y captar nuevas víctimas dentro de ámbitos escolares.
Por el momento, el empresario solo tiene restricciones perimetrales que le impiden acercarse a los adolescentes denunciantes, pero no fue detenido ni indagado, a pesar de que la investigación penal se formalizó en 2024.
El mecanismo denunciado por las familias
De acuerdo a los testimonios, Porcel invitaba a los adolescentes a su vivienda, a oficinas de su propiedad y a departamentos vinculados a su entorno familiar. En esos encuentros, según relataron las víctimas, los incentivaba al consumo de alcohol, a apuestas digitales y a realizar desafíos a cambio de dinero.
Las denuncias señalan que el acusado utilizaba transferencias mediante billeteras virtuales para financiar apuestas online y recompensar conductas que luego eran registradas en fotos o videos. El objetivo final, según la querella, era obtener la desnudez de los menores y su sometimiento psicológico.
Entre los elementos más comprometedores figura el hallazgo de imágenes obtenidas con una cámara oculta, entre ellas la fotografía de un adolescente duchándose, localizada en uno de los teléfonos secuestrados durante los allanamientos ordenados por la Justicia.
Testimonios, peritajes y Cámara Gesell
La causa reúne declaraciones en Cámara Gesell, informes psicológicos y peritajes informáticos sobre dispositivos electrónicos secuestrados en domicilios y oficinas vinculadas al imputado. Para la querella y el Ministerio Público Fiscal, el material probatorio resulta concluyente.
Los adolescentes relataron situaciones que incluyeron masajes en las piernas luego de partidos de fútbol, desafíos para correr en ropa interior dentro de oficinas y registros audiovisuales de esas escenas. También denunciaron ofrecimientos de dinero y regalos a cambio de participar en esas actividades.
En varios casos, los encuentros se prolongaban durante la noche y el acusado insistía en que los chicos se quedaran a dormir, solicitando absoluta reserva y manteniendo el contacto exclusivamente por mensajes de WhatsApp.
Una causa con al menos diez denuncias
La denuncia original fue impulsada por los padres de seis adolescentes a mediados de 2024. Con el avance de la investigación, la querella sumó nuevas presentaciones hasta alcanzar diez víctimas. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre dos y tres años atrás.
El expediente se tramita bajo secreto de sumario y cuenta con la intervención de la fiscalía correspondiente, que también solicitó la indagatoria del acusado en los últimos días. Sin embargo, la incorporación de un nuevo denunciante obligó a cumplir pasos procesales adicionales antes de que el juez defina los próximos movimientos.
Medidas restrictivas y pedido para viajar
Actualmente, Porcel tiene una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de las víctimas, lo que le impide concurrir tanto al colegio como a un club deportivo donde los adolescentes realizan actividades.
En paralelo, el empresario solicitó autorización judicial para viajar al exterior por motivos familiares entre diciembre y enero. El pedido fue concedido bajo el argumento de que no existiría riesgo de fuga, ya que el imputado posee arraigo, no registra antecedentes penales y permanece a derecho.
Desde la querella insistieron en que la falta de detención representa un riesgo concreto y reiteraron el pedido de una pena de cumplimiento efectivo en caso de confirmarse los delitos investigados.
